Superintendencia de Sociedades

Efecto de liquidación judicial es “la cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica si la hubiere"

2012-02-08T12:30:00.000-08:00

Bogotá, 8 feb (SS). “La Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia y se dictan otras disposiciones, señaló en el numeral 2 del artículo 50, que uno de los efectos que conlleva la liquidación judicial del ente societario es “La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica si los hubiere".

Así lo recalca la oficina de investigación y regulación contable en el oficio 115-105376 en el que señala que dentro de dichos órganos se encuentran: la asamblea general de accionistas o la junta de socios, la junta directiva y la revisoría fiscal de la sociedad, órganos que quedan cesantes en las funciones que tenían asignadas por la ley y estatutos.

El oficio señala que, como quiera que la separación del cargo sólo podrá producirse a partir de la inscripción en el registro mercantil de la decisión respectiva, bastará en el caso que nos ocupa, con la providencia que decreta la apertura del ente societario a un proceso de liquidación judicial, situación que podrá ser expuesta en la Cámara de Comercio del domicilio de la compañía, para lograr la cancelación del registro en la calidad de revisor fiscal.

Ver oficio 115-105376

Destacan la labor de la Superintendencia de Sociedades en materia de liquidaciones

2012-02-06T09:09:00.000-08:00

— “Escribo esta misiva, para felicitar a la Superintendencia de Sociedades”: Rincón

— “Quiero hacer llegar mis más sinceras felicitaciones y gradecimientos por el trato respetuoso y humano dado a mi querido padre en el pago de su liquidación”

Bogotá, 6 ene (SS). Las labores realizadas por la Superintendencia de Sociedades en materia de procesos concursales, mecanismos de recuperación de empresas y asuntos societarios tienen un gran impacto en la
economía nacional.

El pasado 20 de enero Carlos Alberto Rincón, envió una carta al Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, en la que destacó la labor de esta entidad en el proceso de liquidación empresarial.

En la misiva, Rincón agradece “el trato respetuoso y humano” dado a sus familiares “en el pago de la liquidación” que se logró luego de un trabajo minucioso de los funcionarios designados por la Superintendencia de Sociedades.

Rincón recuerda que en el proceso, “la alegría demostrada no era sólo por el pago oportuno de la liquidación del trabajo, si no por el trato respetuoso y muy atento a las inquietudes que el funcionario designado por la Superintendencia de Sociedades daba a todas las personas vinculadas con el proceso de liquidación”.

Con el fin de destacar la labor de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades y de los auxiliares de la justicia que trabajaron en este proceso publicamos la carta enviada por Carlos Alberto Rincón al Superintendente de Sociedades.

Esta carta se convierte en motor para invitar a todos y cada uno de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades a seguir trabajando para que en el año 2014 trabajemos en la entidad de supervisión y administración de justicia con los más altos índices de gestión, transparencia y servicios tecnológicos.

(FIN)

Facatativá Cundinamarca, enero 20 de 2012

Señor
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES
Bogotá D.C.

Respetado señor Superintendente:

Como ciudadano colombiano que soy e hijo de un acreedor laboral de la empresa Flores Tomsa, quiero hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos por el trato respetuoso y humano dado a mi querido padre en el pago de su liquidación a través del funcionario de la Superintendencia de Sociedades, el señor liquidador.

Además, señor Superintendente, durante el proceso de liquidación de la empresa en que trabajo mi padre a quién acompañé durante el proceso donde teníamos la impresión de que su entidad era igual a muchas empresas del estado colombiano donde se observa la negligencia, del mal trato y la desidia, pero fue todo lo contrario. Usted no se imagina la alegría no solamente de mi padre, sino de los demás ex trabajadores, que son personas como mi padre de poco estudio y humildes que la alegría demostrada no era solamente por el pago oportuno de la liquidación del trabajo, si no por el trato respetuoso y muy atento a las inquietudes que su funcionario daba a todas las personas vinculadas con el proceso de liquidación, y como lo colombianos somos buenos para criticar siempre lo malo, y nunca resaltar lo bueno es por eso que escribo esta misiva, para FELICITAR a la Superintendencia de Sociedades.

Atentamente,

Carlos Alberto Rincón

Lo que Chile tiene que aprender de Colombia para la nueva Ley de Quiebras

2012-01-30T15:31:00.000-08:00

Por considerarlo de Vital importancia para los usuarios de la Superintendencia de Sociedades, compartimos el siguiente artículo publicado por el Diario El Mercurio de Chile.

El informe del Doing Business 2012 del Banco Mundial sitúa a Colombia en el puesto 12 en el ítem “Resolución de la Insolvencia”, mientras que Chile se ubica en el puesto 110. Esto motivó a que la Superintendente de Quiebras, Josefina Montenegro, y su par Colombiano, Luis Guillermo Vélez Cabrera, acordaran una cooperación entre ambas instituciones para, entre otros fines, apoyar el trabajo de reforma a la Ley de Quiebras Chilena.

Este apoyo se materializó con la presencia en Chile del funcionario colombiano, los días 24 y 25 de enero. Vélez Cabrera de participó, junto con otros expertos en la materia, en las jornadas
chileno-colombianas de derecho concursal organizadas por la Superintendencia de Quiebras y la facultad de derecho de la Universidad de Chile.

El ascenso de Colombia en el ranking Doing Business ha sido sostenido en los últimos años. Actualmente sus procesos de insolvencia demoran en promedio 1.3 años, representan un costo de 1 % de los activos del deudor, y los acreedores recuperan un 82.8% de sus créditos, cifras positivas y ejemplo a seguir, según explicó la Superintendente de Quiebras Josefina Montenegro.

Luis Guillermo Vélez, quien en el pasado se desempeñó como Cónsul General en México y Viceministro de Defensa, fue hace más de un año nombrado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el nuevo Superintendente de Sociedades.

Esta visita se enmarcó en la preocupación de la Superintendencia de Quiebras de Chile por cumplir el 30 de enero con el plazo comprometido con el Ministerio de Economía para la entrega del anteproyecto de la nueva Ley concursal, o de quiebras, el cual ya tiene nombre “Ley de reorganización y liquidación de empresas y personas”, según lo decidió el propio Presidente Sebastian Piñera el pasado miércoles en la reunión bilateral que sostuvo con el ministro Pablo Longueira, la Superintendente de Quiebras y sus respectivos equipos.

*Se realizaron ajutes de tiempo al artículo original.

Inicia entrega de efectivo a afectados por Promotora Costa Caribe Ltda

2012-01-30T14:17:00.001-08:00

Bogotá, 30 ene (SS). El liquidador Promotora Costa Caribe informó que desde el 30 de Enero de 2012 se iniciaron los pagos del valor en Efectivo Adjudicado a todos los Afectados Aceptados Oportunos dentro del proceso de liquidación.

El liquidador relacionó la logística que utilizaran las oficinas del Banco Agrario de Colombia donde se realizarán estos pagos así:

— La sucursal/oficina del banco en la cual deberá reclamar su pago es la correspondiente a la ciudad registrada en las oficinas de la Liquidación. El día de pago es el programado por el Banco Agrario y según el ultimo digito del numero de su cedula (ver cuadro).

Este cronograma de pagos se ha organizado de este modo por tratarse de las 4 oficinas con mayor concentración de pagos a afectados (mas del 60% del total nacional).

— Los pagos en las demás oficinas y/o municipios se cancelaran a partir del 30 de enero de 2012. Consulte las oficinas habilitadas por el Banco Agrario haciendo click aquí (Una vez haga click se abrirá una ventana aparte).

— Para el pago es obligatorio presentar la cedula original (amarilla con hologramas) y fotocopia
de la cedula al 150%. Se aclara que no se realizaran pagos a TERCEROS.

(fin)

Liquidadora de DRFE define programación de pagos para afectados

2012-01-30T09:19:00.000-08:00

— Se adjudicarán y pagarán $37.332.072.195 en efectivo a 218.135 personas

— El pago en efectivo por cada persona alcanzará hasta $174.200

Bogotá, 30 ene (SS). La liquidadora de DRFE definió la programación de pagos para los afectados por Carlos Alfredo Suarez propietario del Establecimiento de Comercio Proyecciones DRFE y otros en liquidación (ver programación).

Según la información entregada por la liquidadora, el dinero disponible para ser pagado o adjudicado asciende a $37.332.072.195.

Estos recursos, en efectivo, serán divididos entre los acreedores con saldos insolutos del primer
orden y primera prelación para el pago que está integrado por 218.135 personas (ver
programación).

En esta etapa del proceso, cada uno de los 218.135 afectados recibirá en efectivo hasta $174.200.

En bienes se entregará el equivalente a $4.613.969.189, suma que se repartirá entre las personas que presentan saldo insoluto teniendo en cuenta la aplicación del pago en efectivo, para realizar una adjudicación de bienes hasta por $22.148 a 209.763 personas.

A través de las páginas de Internet de la Superintendencia de Sociedades como de la liquidación
judicial www.liquidaciondrfe.com, se informará el cronograma para la entrega de los bienes y el efectivo divulgando el reglamento y procedimiento establecido para cada caso.

La Superintendencia de Sociedades hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de participar en esquemas piramidales fraudulentos que pongan en riesgo el patrimonio y bienestar de los ciudadanos

(ver programación)

(fin)

Superintendente de Sociedades sostuvo encuentro con Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile

2012-01-27T11:42:00.000-08:00

— Compartieron experiencias en materia de Crisis e Innovación y de evolución de la insolvencia empresarial en Colombia

— Las "Jornadas Chileno Colombianas de Derecho Concursal", se realizaron el martes 24 y 25 de enero de 2012

Bogotá, 27 ene (SS). El Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, sostuvo un encuentro con el Ministro de Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Pablo Longueira Montes.

Durante las "Jornadas Chileno Colombianas de Derecho Concursal" que se realizaron el chile el 25 y 26 de enero participó la Superintendente de Quiebras, Josefina Montenegro Araneda y expertos de los dos países.

En el evento realizado en el “Auditórium Arturo Alessandri, Edificio Los Presidentes de la Facultad de Derecho, calle Pío Nono N°1, Providencia” en Santiago de Chile, el Superintendente de Sociedades desarrollo el tema: “Crisis e Innovación: la Superintendencia de Sociedades y la evolución de la insolvencia empresarial en Colombia”.

Durante las Jornadas Chileno Colombianas de Derecho Concursal convocado por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum Anuch; y por la Superintendente de Quiebras de Chile, se expusieron los siguientes temas:

Un enfoque administrativo para la insolvencia

Un marco judicial para la insolvencia

Vale la pena recordar que a finales de 2011 la Superintendente de Quiebras de Chile, destacó el hecho de que el Banco Mundial haya posicionado a Colombia en el lugar número 12 en el Informe Doing Business 2012, “convirtiéndola en la economía con mayores facilidades para resolver la insolvencia de Latinoamérica y el Caribe”.

El Ascenso de Colombia “en el ranking, ha sido sostenido en los últimos 3 años”, destacó la doctora Montenegro tras señalar que “evidencia de lo anterior es que actualmente sus procesos de insolvencia demoran en promedio 1,3 años, representan un costo de 1% de los activos del deudor y los acreedores recuperan un 82,8% de sus créditos”, cifras positivas y ejemplo a seguir, según describió la Superintendente de Quiebras de Chile.

Supersociedades designa a Jorge Cáceres como liquidador de Hipermercado Koji

2012-01-25T12:33:00.000-08:00

Bogotá. La Superintendencia de Sociedades designó a Jorge Hernando Cáceres Duarte como liquidador de la sociedad denominada Fundación Luz Henith Súarez Fernández y su establecimiento de comercio Hipermercado Koji.

La sociedad denominada Fundación Luz Henith Súarez Fernández identificada con el Nit. 900.176.187-9; y su establecimiento de comercio Hipermercado Koji- con matricula mercantil No 40011, fue admitida al trámite de una liquidación judicial mediante Auto 400-019987 del 30 de diciembre de 2011.

Los acreedores de la sociedad deudora deberán presentar sus créditos dentro del término de veinte (20) días siguientes contados a partir de la desfijación del aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía. Para el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente ante el liquidador.

Ver aviso.

Supersociedades depuró la lista final de liquidadores y promotores

2012-01-24T06:10:00.000-08:00

Por considerarlo de interés para los lectores replicamos la siguiente noticia publicada por el Diario LA REPUBLICA en la edición de hoy 24 de enero de 2012
______
Desde 2006, la Superintendencia de Sociedades administra la lista de liquidadores y promotores de empresas, junto con todos los jueces civiles de la rama judicial para todo tipo de proceso.

La Superintendencia comentó que desde el año 1999 en la lista de los liquidadores se encontraban toda clase de personas que no cumplían con los estándares necesarios, se recibieron muchas quejas e inconformidades de los liquidadores y promotores que se estaban nombrando.

Ante esta situación, la entidad convocó a un nuevo concurso público que duró hasta el mes de diciembre de 2010, estableciendo una serie de requisitos muy estrictos como experiencia, no estar reportado en las bases de datos, (donde se les revisa antecedentes disciplinarios y penales, los reportes crediticios, los estándares de comportamiento financiero), conocimiento en materias de
insolvencia, buen comportamiento ético, entre otros.

El procedimiento para conformar la lista de promotores y liquidadores está establecido en el Decreto 962 de 2009 y en la Resolución No. 100-009213 de 2010.

Se establecieron una serie de categorías A, B, y C, siendo el rango más alto la categoría A.

En la lista anterior se encontraban 1.423 personas, de los cuales 862 eran promotores y 561 liquidadores, después se redujo a 220 personas donde 29 son promotores, 30 liquidadores, 3 interventores y 158 tanto para promotores y liquidadores.

La Superintendencia de Sociedades señaló que en Francia se tramitan más de 20.000 insolvencias al año. Los liquidadores y promotores que se presentan en el país son de sólo 500 personas para 20.000 solicitudes, es decir que lo que se busca es tener un grupo pequeño de personas aptamente profesionales y expertas para atender diversos temas con casos especiales y de gran cuidado.

Según estadísticas de la entidad, se tienen 330 insolvencias al año y se pronostica que pueda subir en los próximos años a unas 500, actualmente lo que busca la Superintendencia es aplicar el sistema de insolvencia para persona natural no comerciante.

En general, el sistema de insolvencia promedio empresarial ha dado buenos resultados. De hecho, en el indicador Doing Business, Colombia escaló del lugar 29 al 12 en el ranking, pasando a Estados Unidos que se encuentra en el puesto 13, esto significa que hay mayor facilidad para las la realización de diversos trámites. Éste ranking, realiza el promedio de varias variables que determinan cómo es la facilidad de un país para hacer negocios, el cumplimiento de contratos, resoluciones de insolvencia, facilidades para generar inversión, entre otros. La Superintendencia confirmó que se tiene un gran cambio ya que finalmente se filtró una lista con una cantidad reducida de profesionales, es decir que se ha depuró el 85% del total del registro anterior.

Los procesos que se encuentran en liquidación abarcan diferentes procesos, los casos más complicados por su naturaleza de actividad y tamaño de la empresa, con más impacto sobre orden público y económico son: Frontino, Grupo Nule, Factor Group que es una reorganización y plan de desmonte, América Flor y Refinare.

La Superintendencia comentó que uno de los casos más largos ha sido el de la Flota Mercante Grancolombiana, que lleva en proceso desde 1990.

Asimismo, señaló que actualmente se está en una política de liquidaciones y reorganizaciones de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, el del Grupo Nule que empezó en septiembre del año pasado ya está entrando a su etapa final y el de América Flor comenzó en agosto pasado y para febrero se espera que esté resuelto.

"Las liquidaciones más grandes se encuentran DMG y Costa Caribe, donde se está realizando un plan de terminación. Los temas más complejos se han llevado con un gran colaboración con las demás entidades por medio de convenios con la Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio de Trabajo, Registraduría, Aeronáutica Civil y las demás superintendencias que ha permitido resolver y facilitar los procesos", afirmó la entidad.

El proceso de una liquidación es cuando se entrega la empresa al liquidador e inmediatamente se suspende al gerente, a la junta directiva y de socios o a la Asamblea General de Accionistas, por lo cual la organización deja de funcionar comenzando con la venta de activos y pago a los acreedores.

La Superintendencia de Sociedades expidió el 19 de mayo de 2011 la Resolución 100-002867, a través del cual se creó el comité de Selección de Especialistas en Bogotá que está compuesto por cinco personas y en las Intendencias Regionales por tres personas. Los promotores son seleccionados en la Capital, por el Comité de Selección de Especialistas, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010. En cuanto a los liquidadores, si los activos de las sociedades que solicitan un proceso de insolvencia no exceden de 20.000 s.m.l.m.v para las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla, o de 10.000 SMMLV en las demás intendencias regionales serán seleccionados.

Antecedentes

El procedimiento para conformar la lista de promotores y liquidadores está establecido en el Decreto 962 de 2009 y en la Resolución No. 100-009213 de 2010. Estas disposiciones se establecen por medio de tres categorías A, B y C, el requisito fundamental es acreditar experiencia
como promotor, liquidador, contralor, juez concursal o de insolvencia, entre otros. Asimismo, se expidió el 19 de mayo de 2011 la Resolución 100-002867, a través del cual se creó el comité de Selección de Especialistas que en Bogotá está compuesto por 5 personas y en las intendencias regionales, por 3 personas.

Los promotores son seleccionados en Bogotá por el Comité de Selección de Especialistas, teniendo en cuenta en lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010.

Superintendente de Sociedades participará en Jornadas Chileno-Colombianas de Derecho Concursal

2012-01-20T08:40:00.000-08:00

— Dictará la conferencia: Crisis e Innovación: la Superintendencia de Sociedades y la evolución de la insolvencia empresarial en Colombia

— Las "Jornadas Chileno Colombianas de Derecho Concursal", se realizarán el martes 24 y 25 de enero de 2012

Bogotá, 20 ene (SS). El Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, participará el próximo 25 y 26 de enero en las "Jornadas Chileno Colombianas de Derecho Concursal".

En el evento que se realizará en el “Auditórium Arturo Alessandri, Edificio Los Presidentes
de la Facultad de Derecho, calle Pío Nono N°1, Providencia” en Santiago de Chile, el superintendente de Sociedades será el encargado de desarrollar el tema: “Crisis e Innovación: la Superintendencia de Sociedades y la evolución de la insolvencia empresarial en Colombia”.

En el evento convocado por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum Anuch; y por la Superintendente de Quiebras de Chile, Josefina Montenegro
Araneda, también se expondrán los siguientes temas:

Un enfoque administrativo para la insolvencia

Un marco judicial para la insolvencia

Vale la pena recordar que a finales de 2011 la Superintendente de Quiebras e Chile, Josefina Montenegro Araneda, sostuvo una serie de reuniones con el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, y con diferentes técnicos de la entidad, con el fin de conocer la experiencia colombiana en el manejo de los procesos concursales.

En ese momento, la Superintendente de Quiebras de Chile, destacó el hecho de que el Banco
Mundial haya posicionado a Colombia en el lugar número 12 en el Informe Doing Business
2012, “convirtiéndola en la economía con mayores facilidades para resolver la insolvencia
de Latinoamérica y el Caribe”.

El Ascenso de Colombia “en el ranking, ha sido sostenido en los últimos 3 años”, destacó la doctora Montenegro tras señalar que “evidencia de lo anterior es que actualmente sus procesos de insolvencia demoran en promedio 1,3 años, representan un costo de 1% de los activos del deudor y los acreedores recuperan un 82,8% de sus créditos”, cifras positivas y ejemplo a seguir, según describió la Superintendente de Quiebras de Chile.

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(fin)

Superintendencia de Sociedades somete a control al Fondo Ganadero de Córdoba

2012-01-20T07:00:00.000-08:00

— Se evidenció la presunta utilización del Fondo Ganadero de Córdoba S.A. para legalizar despojos ilegales de tierra en el Urabá Antioqueño

— Se observó la inoperatividad del fondo en relación con la actividad de fomento del sector
agropecuario

Bogotá, 19 ene (SS). La Superintendencia de Sociedades somete a control al Fondo Ganadero de Córdoba. La decisión se tomó luego de visitas y análisis en los que se evidenciaron irregularidades en materia de legalización de predios y en la situación económica y administrativa del ente.

Tras la revisión la Superintendencia de Sociedades observó la inoperatividad del Fondo Ganadero de Córdoba en relación con la actividad de fomento del sector agropecuario, lo cual se refleja en el bajo porcentaje de ganado en participación entregado a terceros depositarios en cumplimiento con lo señalado por la ley.

En el caso de la utilización del Fondo Ganadero de Córdoba para legalizar despojos ilegales de tierra en el Urabá Antioqueño la Superintendencia de Sociedades observó entre otros que:

— Al momento de la negociación con el Fondo Ganadero de Córdoba, los vendedores de los predios no acreditaban documento a través del cual se estableciera la propiedad plena del terreno que estaban transfiriendo a la sociedad, salvo en algunos casos donde se encontraba previamente la resolución de adjudicación del Incora (actualmente Incoder) o la respectiva escritura pública de protocolización del acto de compraventa.

— Las resoluciones de adjudicación del Incora en aquellas negociaciones en las cuales no se contaba con título de propiedad, fueron expedidas por dicha entidad después de suscrito el contrato con el Fondo.

— La gran mayoría de compraventas y posteriores escrituras de aquellos predios que a la fecha se encuentran legalizados, fueron suscritas por la señora Sor Teresa Gómez Álvarez, a quien los propietarios de los predios, presuntamente le otorgaban poder con el fin de adelantar las negociaciones ante el Fondo Ganadero de Córdoba S.A.

De otra parte se observó que a la fecha se encuentran pendientes de legalización 700 hectáreas más por cuanto se desembolsaron anticipos correspondientes al 50 por ciento del valor de dichos terrenos.

Los hechos registrados en el Fondo Ganadero de Córdoba no solamente constituyen una situación crítica de orden jurídico, con repercusiones en la estructura patrimonial, financiera y económica de la compañía, sino además, los hechos suscitados son de interés nacional, en la medida en que los mismos son investigados por las respectivas autoridades competentes.

Lo anterior conlleva a que por parte de esta entidad se proceda con la adopción de medidas inmediatas que permitan efectuar un seguimiento constante y permanente, las cuales sólo pueden ser tomadas en la instancia de control.

La decisión de someter a control al Fondo Ganadero de Córdoba se enmarca dentro de la política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades que incluye un monitoreo detallado sobre los diferentes fondos ganaderos del país y que ha conllevado no sólo visitas y estudios, sino diversas actuaciones como la remoción de administradores, el traslado de las investigaciones a las autoridades pertinentes e incluso la imposición de multas a miembros de estos entes.

(fin)

Algunos aspectos relacionados con la liquidación voluntaria de una sociedad (III)

2012-01-17T14:08:00.000-08:00

Al tenor de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1429 de 2010, “Cuando después de terminado el proceso de liquidación voluntaria, aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación adicional conforme a las siguientes reglas:

1. La adjudicación adicional estará a cargo, en primer término, del liquidador que adelantó la liquidación de la compañía, pero si han transcurrido cinco (5) años desde la aprobación de la cuenta final de liquidación o el liquidador no puede justificadamente adelantar el trámite, la Superintendencia de Sociedades lo designará para que adelante el trámite pertinente.

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores relacionados en el inventario del patrimonio social, mediante memorial en que se haga una relación de los nuevos bienes y se acompañen las pruebas a que hubiere lugar.

3. Establecido el valor de los bienes por el liquidador, este procederá a adjudicarlos a los acreedores insolutos, en el orden establecido en el inventario del patrimonio social. En el evento de no existir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes ostentaron por última vez la calidad de asociados, según el porcentaje de participación que les correspondía en el capital de la sociedad.

4. En acta firmada por el liquidador se consignará la descripción de los activos adjudicados, el valor correspondiente y la identificación de la persona o personas a las que les fueron adjudicados.

5. Los gastos en que se incurra para la adjudicación adicional, serán de cuenta de los adjudicatarios”.

Del estudio de la norma antes transcrita, se colige que tratándose de una adjudicación adicional de nuevos bienes o de aquellos que no fueron adjudicados durante el proceso liquidatario, el liquidador que adelantó la liquidación solamente podrá actuar como tal, para surtir el trámite
correspondiente a tal adjudicación, a pesar que el ente jurídico se haya extinguido, lo que de no ser posible, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades designar un liquidador para que proceda de conformidad, siguiendo las reglas allí establecidas.

Finalmente, y cuando quedan algunos asuntos pendientes, tal como es el caso de las obligaciones condicionales, el artículo 245 del Estatuto Mercantil, prevé que se debe hacer una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario.

La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.

En estos casos, no se suspenderá la liquidación, sino que continuará en cuanto a los demás activos y pasivos. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un establecimiento bancario.

Algunos aspectos relacionados con la liquidación voluntaria de una sociedad (II)

2012-01-17T14:03:00.001-08:00

En torno a la responsabilidad de los accionistas fue prevista por el legislador en los artículos 252, 253 y 254 ibídem, y se concreta mediante el ejercicio de acciones por parte de terceros, directamente contra los liquidadores, sin perjuicio de la posibilidad que les asiste tanto a los liquidadores como a los acreedores sociales, de repetir contra los asociados por las sumas o bienes entregados antes de pagar íntegramente el pasivo externo de la sociedad.

Así lo señaló la oficina jurídica de la Superintendencia de Sociedades en el oficio el 220-170843 en el que explica además que el artículo 256 ejusdem, preceptúa que las acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y la de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.

Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de liquidación.

Una vez aprobada la cuenta final de liquidación, el acta en el cual consta dicha circunstancia deberá inscribirse en el registro mercantil, y a partir de ese momento desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia, no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones.

Por lo cual, una vez ocurrido el registro de la cuenta final de liquidación, no existe persona jurídica a nombre de quien actuar, y por consiguiente, la calidad de representante o liquidador también perece o termina, en consecuencia mal haría la persona que estuvo como liquidador, pretender seguir actuando a nombre de una sociedad inexistente.

Así las cosas, no resulta posible que contra una sociedad ya liquidada se inicien nuevos procesos, en razón a que en tal evento no se cumple el requisito a que alude el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la capacidad para ser parte, pues una vez se liquida una sociedad desaparece la persona jurídica y por consiguiente el atributo de la capacidad.

En efecto, el artículo 44 del Código de procedimiento Civil, consagra que “Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”, de lo cual se desprende que las personas jurídicas de derecho privado deben acreditar no solo su existencia y su normal funcionamiento, lo mismo que el poder y mandato de sus gestores.

En otros términos, deben demostrar su propia personalidad y la personería de quienes la administran.

De otro lado, y como es sabido, las personas jurídicas de derecho privado se dividen en civiles y comerciales, éstas últimas adquieren personería jurídica a través del otorgamiento del instrumento público de constitución, acto por el cual se individualiza y separa de quienes la
crearon en razón a que surge como un ente jurídico independiente.

De ahí, que sea necesario distinguir la extinción de la personalidad en sí, es decir, la capacidad jurídica, de la extinción del substrato material (patrimonio social). En efecto, el término disolución se refiere a la extinción de la personalidad, y el vocablo liquidación, a la extinción del patrimonio social. En tal virtud, se tiene que la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el momento en el cual, se reitera, se extingue la persona jurídica.

Luego, al desaparecer la sociedad de la vida jurídica, el liquidador, quien figura como tal en el certificado de cámara de comercio, no está legitimado para representarla en una audiencia de
conciliación laboral, toda vez, se repite, que con el trámite de la disolución y liquidación se extinguió la persona jurídica, y por ende, por sustracción de materia, carece de facultad para obrar como representante legal de una sociedad que dejó de existir material y jurídicamente.

Sin embargo, si la conciliación que se pretende es dentro de un proceso de carácter laboral iniciado antes de la fecha de terminación del proceso liquidatario, la misma podría a juicio de este Despacho ser celebrada por el apoderado especial que representa a la sociedad en liquidación dentro del mismo, siempre y cuando se le haya otorgado expresamente dicha facultad en el mandato conferido.

Algunos aspectos relacionados con la liquidación voluntaria de una sociedad

2012-01-17T13:48:00.000-08:00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Así lo recordó la oficina jurídica de la Superintendecia de Sociedades tras la expedición del oficio el 220-170843.

Del estudio de la norma antes descrita, se desprende que al tener el liquidador la calidad de administrador, debe, al tenor de lo previsto en el artículo 23 ibídem, obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se deben cumplir en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los asociados.

En tal virtud, el liquidador de una sociedad está obligado a realizar todas las gestiones que estén a su alcance para cumplir el encargo que le fue encomendado, cual es el de adelantar y agotar el trámite del proceso liquidatario del patrimonio social, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 225 y siguientes del Código de Comercio, así como cumplir con sus obligaciones y deberes allí señalados.

Responsabilidad de los administradores

En cuanto a la responsabilidad de los administradores, se observa que al tenor de lo dispuesto en el artículo 255 ejusdem, los liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros de
los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Concuerda esta norma con lo indicado en los artículos 222 y 242 ibídem.

El primero, expresa que disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubieren opuesto.

Así, el nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión “en liquidación” y los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.

El segundo, enseña que el pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Para este y los demás efectos legales, los bienes inventariados determinarán los límites de la responsabilidad de los liquidadores como tales, respecto de los asociados y terceros.

Como se puede apreciar, la responsabilidad de una sociedad en liquidación se radica en cabeza del liquidador en la cuantía de los bienes inventariados, quien es el encargo, se reitera, de tramitar y adelantar el proceso liquidatario en la forma prevista en la ley.

De otra parte, es preciso anotar que la responsabilidad de los administradores, modificada por el artículo 24 de la ley 222 de 1995, señala que en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador, éste presupuesto, le impone al liquidador frente a una eventual acción de responsabilidad social, la necesidad de desvirtuar cualquier negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

No obstante lo anterior, es oportuno advertir que la función de esta Entidad respecto de las sociedades vigiladas que están adelantando un proceso liquidatorio, corresponde a la de ejercer un control de legalidad sobre las operaciones liquidatorias, sin perjuicio de las funciones administrativas de las que está investida, dentro de las que se prevé la práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias. (artículo 87 numeral 5º de la Ley 222 de 1995).

Ver más Información

Libros del comerciante

2012-01-13T12:27:00.000-08:00

Libros del comerciante

Cruzada Antitrámites (5).

Según el artículo 173 del decreto antitrámites, los libros
podrán ser de hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del Gobierno.

Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional”.

(Decreto 19 de 2012 / artículo 173)

Facilidades en materia de medios electrónicos en trámites de los procesos de insolvencia

2012-01-13T12:10:00.000-08:00

Cruzada Antitrámites (4).

Se permitirá la utilización de medios electrónicos en la tramitación de los procesos de insolvencia de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y para el cumplimiento de los trámites ante el Registro Mercantil, entidades sin ánimo de lucro y ante el Registro Único de Proponentes delegados en las Cámaras de Comercio.

La anterior es una de las medidas antitrámites contenidas en el Decreto 019 de 2012 firmado esta semana por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El Jefe de Estado durante la expedición del decreto recordó que según el ‘Doing Business’ sólo 25 países –de los 183 analizados– exigen el registro de los libros de contabilidad de los comerciantes, entre ellos Colombia; por eso, también se elimina ese trámite.

“Igualmente, las empresas bajo supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades –que depositen sus estados financieros ante esa entidad– ya no tendrán que entregarlos nuevamente a las Cámaras de Comercio.

De hecho, las entidades estatales tendrán acceso a las bases de datos de las Cámaras de Comercio, con el propósito de evitarles a los ciudadanos el trámite de certificados –que ahora podrán ser consultados ‘en línea’ e internamente–.

Quien quiera saber a ciencia cierta, por ejemplo, quién es el representante legal de una sociedad ya no tendrá que pedir un certificado a la Cámara de Comercio, sino que podrá consultar este dato por internet”, resaltó.

(Decreto 19 de 2012 / artículo 153)

Cruzada Antitrámites (3)

2012-01-11T17:11:00.000-08:00

Publicidad de los estados financieros

"Cuando los estados financieros se depositen en la Superintendencia de Sociedades, no tendrán que ser depositados en las cámaras de comercio. La Superintendencia de Sociedades asegurará los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información que no tenga carácter
reservado.

La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en este artículo por el término de cinco años".

(Decreto 19 de 2012 / artículo 150)

Cruzada Antitrámites (2) Reuniones no presenciales

2012-01-11T17:07:00.000-08:00

Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado."

(Decreto 19 de 2012 / artículo 148)

Cruzada Antitrámites (1) / Instrucciones de las Superintendencias a sus vigilados

2012-01-11T17:00:00.001-08:00

En ejercicio las funciones de inspección, vigilancia y control, las Superintendencias y demás entidades que cumplan funciones de policía administrativa, impartirán instrucciones a sus vigilados para que no exijan más requisitos, trámites o procedimientos de los estrictamente necesarios, y orientarlos al logro de objetivos de eficiencia, economía, celeridad, y racionalización de trámites que beneficien al ciudadano.

Para tal efecto, recomendarán, entre otros, el uso de las tecnologías de la información y el comercio electrónico; la implementación del sistema de turnos; la facilitación de trámites a través de sistemas no presenciales; la estandarización de formularios, trámites y procesos; el uso de
mecanismos de comparación de productos, precios, calidades y servicios de manera que se hagan visibles las fortalezas y debilidades de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado; regular los horarios de mercadeo por teléfono y por correo y los horarios y los métodos de cobranza; determinar que quien haga oferta al público debe incluir en ella todas las condiciones y
restricciones de acceso en forma clara e integral; y, fomentar el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios.

Así mismo, con el fin de garantizar el principio de igualdad de las personas frente a los prestadores de servicios públicos, impartirán las instrucciones a sus vigilados para hacer extensivo a ellos los principios y reglas de racionalización de trámites y procedimientos a los que se refiere el “Decreto antitrámites”.

(Decreto 19 de 2012 / artículo 37)

Inversión extranjera debe registrarse ante el Banco de la República dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir del ingreso del dinero

2012-01-11T16:33:00.000-08:00

La inversión extranjera, efectuada por una persona natural o jurídica en Colombia, bien puede realizarse en una sociedad o en una sucursal de sociedad extranjera, ambas establecidas en el país.

“Esa inversión, debe necesariamente registrarse ante el Banco de la República dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir del ingreso del dinero, so pena de incurrir en una infracción cambiaria (…) y el inversionista extranjero se hará acreedor a las multas previstas en el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991”, explica el Oficio 220- 170844 expedido por la Superintendencia de Sociedades.

Dicho registro, agrega el oficio, lo puede realizar el inversionista, su apoderado o quien represente sus intereses. Valga anotar que una vez realizado el registro, el mismo le confiere al inversionista los denominados Derechos Cambiarios que entre otros beneficios, le facilita reexportar el capital al exterior y girar utilidades.

Y anota, que en relación con una sucursal de sociedad extranjera, el capital asignado por la casa matriz a la misma, que constituye una inversión extranjera, debe pagarse al momento de incorporar dicha sucursal.

Finalmente, recalca que debe procederse a registrar en el Banco de la República, si bien extemporáneamente, la inversión extranjera, sin perjuicio, de las sanciones a que haya lugar, por dicha omisión.
Ver Oficio 220- 170844
Inversión extranjera registro extemporáneo.

Empresarios también se beneficiarán con medidas antitrámites

2012-01-11T07:53:00.000-08:00

“Identificamos unos 70 trámites y regulaciones que le restan competitividad a la industria colombiana”, señaló el Presidente Juan Manuel Santos luego de suscribir el Decreto-Ley. Señaló que se tuvieron en cuenta las recomendaciones del informe ‘Doing Business 2011’ y se incluyeron en la medida importantes reformas para facilitar los negocios.

Bogotá, 10 ene (SIG). El Presidente Juan Manuel Santos subrayó este martes que uno de los sectores más beneficiados con el Decreto-Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites es el de los empresarios, ya que la norma elimina una serie de requisitos que hacían engorrosa la actividad empresarial.

Descargue el Decreto-Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites; las noticias y el discurso del Presidente Santos también en la página de la Superintendencia de Sociedades:

— Con el Decreto-Ley antitrámites se acaba la Ley del Silencio en el sector salud

— El certificado de pasado judicial, como tal, deja de existir a partir de hoy

— Empresarios también se beneficiarán con medidas antitrámites

— Entidades públicas se verán favorecidas con menos trámites y mejor servicio

— La revisión técnico-mecánica para carros particulares nuevos se hará a partir del sexto año de matrícula

— Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la firma del Decreto-Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites

— Sólo exigiremos trámites cuando sean estrictamente necesarios, anuncia el Presidente Santos

— Descargue el Decreto 19 de 2012

Cartera de la Supersociedades bajó 22,27 por ciento en el último año

2011-12-29T08:49:00.000-08:00

Un informe presentado por el grupo de cartera de la Superintendencia de Sociedades muestra que entre septiembre de 2010 y octubre de 2011 la cartera de la entidad registró una disminución del 22,27 por ciento.

Según el Grupo de Cartera de la Superintendencia de Sociedades, al cierre de octubre de 2011 las cuentas por cobrar de la entidad se ubicaron en 57.060 millones de pesos, cifra que contrasta con la reportada un año atrás (en septiembre de 2010) cuando alcanzó los 73.408 millones de pesos.

Esta disminución de 16.348 millones de pesos en la cartera de la entidad se da esencialmente por dos factores: recaudo efectivo y reclasificaciones y ajustes.

En el caso de recaudo efectivo —gracias a la gestión de la actual administración que afianzó la labor de cobro y recuperación efectiva de las multas y contribuciones pendientes de pago— se logró recaudar 5.202 millones de pesos.

Lea el informe completo en la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente enlace
http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Sostenibilidad: un reto empresarial

2011-12-29T08:48:00.000-08:00

Por Luz Amparo Macías Quintana
Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

La manera de hacer negocios en el mundo ha cambiado. El empresario no puede centrarse únicamente en la generación de beneficios económicos descuidando otros aspectos que pueden poner en riesgo tanto su negocio como su entorno.

Podemos comenzar diciendo que una empresa se desarrolla por la relación entre personas
organizadas en función de la producción de determinados bienes o servicios que atienden un fin comercial. Su supervivencia depende de que produzca valor con lo que ofrece, añada valor a lo que hace y se enraícen valores mediante su manera de proceder.

De esta forma reporta diferenciación lo cual determina su posicionamiento y reputación y por ende su competitividad.

Y esa diferenciación no se puede hallar solamente a través del desempeño económico puesto
que también se debe mirar el desempeño social y ambiental, lo que comúnmente se denomina “el triple resultado”, que es el pilar fundamental de la sostenibilidad.

Tal como lo menciona Porter y Kramer (2006) las empresas deben funcionar en circunstancias que garanticen el desempeño económico a largo plazo evitando las conductas de corto plazo socialmente perjudiciales y ambientalmente dilapidatorias.

Lea el informe completo en la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente enlace

http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Cuando no posible conciliar, el arbitraje es una opción válida

2011-12-29T08:43:00.000-08:00

Mecanismos Alternativos para la resolución de conflictos

Por. Carlos A. Orrego O.
Oficina de Conciliación

De los mecanismos alternativos para resolver los conflictos, la Conciliación, conocida en otros países como mediación, es tal vez el más utilizado.

Sin embargo, su naturaleza autocompositiva, esto es que las partes son las llamadas a solucionar sus diferencias, lo convierte en un intrincado y difícil proceso, en la que la solución a la disputa conlleva dejar a un lado las diferencias para modular conjuntamente el acuerdo.

En este camino las partes deben llegar a dos conclusiones básicas: la primera reconocer el conflicto y la segunda la disposición mutua de resolverlo a través de este mecanismo lo que es conocido como ánimo conciliatorio.

Cuando la controversia está contaminada de sentimientos y temas de naturaleza personal, es recomendable adoptar un protocolo de negociación que regule las discusiones, con base en el respeto; porque no olvidemos que en la mesa de diálogo tenemos dos partes que comúnmente han perdido la confianza y sus relaciones interpersonales están afectadas; por lo que la solución de las diferencias existentes se construye entre opuestos, quienes superando la desconfianza y la animosidad existente, logran un pacto implícito de olvidar la agresión para crear la solución.

Lea el informe completo en la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente enlace

http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Grupos Empresariales

2011-12-29T08:38:00.000-08:00

Por. Francisco Reyes Villamizar
Exsuperintendente de Sociedades

Se estima que en los países industrializados más del sesenta y cinco por ciento de las sociedades pertenecen a un grupo empresarial.

En el caso del Japón, el porcentaje llega al noventa por ciento. La situación en los países en vías de desarrollo no es del todo diferente. En América Latina es cada vez más frecuente que los empresarios diversifiquen sus riesgos y actividades por medio de la estructuración de mecanismos de control y subordinación societarios.

En un pasado no muy lejano el grupo empresarial era privilegio de compañías de gran dimensión. Sólo los gigantes de la industria podían asumir los costos de transacción y contar con la sofisticada asesoría requerida para ponerlos en marcha. En la actualidad, empresas de tamaño mediano y aún de pequeñas dimensiones acuden a relaciones de subordinación societaria para definir formas de organización óptimas, a fin de acometer múltiples emprendimientos sujetos a
riesgos disímiles o a la simple diversificación geográfica impuesta por las necesidades competitivas del mercado.

Es obvio, que los grupos constituyen una estructura empresarial idónea para sociedades
cotizadas. Ello obedece a la posibilidad de canalizar, sin mayores obstáculos, recursos provenientes del ahorro privado hacía actividades productivas. Para ello se aprovecha el régimen de limitación de responsabilidad que facilita la asignación de riesgos y responsabilidades de entidades diversas, así como la centralización de la gestión en sociedades matrices o “holding companies”.

Pero la agrupación empresarial no es hoy privilegio exclusivo de las sociedades inscritas en bolsa. La estructura del grupo es utilizada también por compañías cerradas en las que se aprovechan las posibilidades de coordinación, cooperación y racionalización de las actividades empresariales.

Por lo demás, la subordinación societaria es el mecanismo más expedito para alcanzar la concentración empresarial. No es necesario, por tanto, el cumplimiento de los complicados procedimientos de la fusión o de los costosos trámites que rodean a las enajenaciones de
establecimientos de comercio.

La simple adquisición de participaciones mayoritarias o incluso, la celebración de un negocio jurídico de dominación puede dar lugar a la plena conducción unitaria sobre el conjunto. Según lo
afirma Sánchez Calero, es irrelevante si la existencia del control deriva del establecimiento de lazos contractuales o personales o si surge de la adquisición de la mayoría del capital.

Lo importante, en ambos casos, es la influencia decisiva sobre el resto de las sociedades intervinientes.

*Tomado del prólogo del libro Grupos Empresariales y Control de sociedades en Colombia, publicado por la Superintendencia de Sociedades

Entrevista. La insolvencia es un derecho en continua evolución

2011-12-29T08:34:00.000-08:00

Colombia es el país número uno en América Latina en mejores estándares de insolvencia empresarial y seguiremos avanzando hasta ser el número uno

El trabajo que viene realizando la Superintendencia de Sociedades en materia de insolvencia no sólo es reconocido en América Latina sino en el planeta.

En las dos últimas semanas por ejemplo se dieron dos hechos vitales en los que quedó demostrado que la entidad es un ejemplo a seguir en el mundo entero.

El primero, la visita de la Superintendente de quiebras de Chile, Josefina Montenegro, quien tras sostener una serie de encuentros con funcionarios de Colombia destacó los avances de la
entidad en materia de insolvencia.

El segundo y de gran reconocimiento a nivel global, la decisión de la Asociación Internacional de Profesionales en Reestructuración, Insolvencia y Quiebras (INSOL) de otorgar a Diana Lucía Talero, asesora de la Superintendencia de Sociedades, la única beca en el mundo en Insolvencia.

Esta beca, otorgada por INSOL International, federación mundial de asociaciones nacionales de contadores y abogados especializados en reestructuración e insolvencia es un reconocimiento a los avances de Colombia y al trabajo de funcionarios dedicados que buscan impulsar el desarrollo del país.

Precisamente en entrevista con la Revista de la Superintendencia de Sociedades, Diana Lucía Talero, explica que esta beca, además de se convierte en una oportunidad para la entidad toda vez que “la Superintendencia y en especial el Superintendente tiene una agenda de inclusión en el plano internacional.. para compartir experiencias y generar los ajustes necesarios para ser los primeros”.

“Colombia es el país número uno en América Latina en mejores estándares de insolvencia empresarial, estamos en el puesto número 12 a nivel mundial y tenemos que seguir avanzando hasta ser el número uno”, recalca Diana Lucía Talero al reconocer que la insolvencia es un derecho en continua evolución.

Lea el informe completo en la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente enlace:
http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Superintendente de Quiebras de Chile destaca labor de la Superintendencia de Sociedades de

2011-12-29T08:29:00.000-08:00

Entrevista. Colombia ha sabido implementar de muy buena manera una reforma a su sistema concursal

El avance de Colombia en materia de insolvencia y trámites concursales se ha reflejado en visitas de importantes expertos internacionales y funcionarios del más alto nivel de las economías de la Región a la Superintendencia de Sociedades.

Este es el caso de la Superintendente de Quiebras de Chile, Josefina Montenegro Araneda, quien en días pasados sostuvo varias reuniones con el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, y con todos los técnicos de la entidad con el fin de conocer la experiencia colombiana en el manejo de los procesos concursales.

Durante su visita, la Superintendente de Quiebras destacó el trabajo que ha venido haciendo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en pro del desarrollo económico del país, la conservación de la unidad productiva de las empresas y el cuidado de los empleos de las compañías que supervisa y controla.

“Colombia ha sabido implementar de muy buena manera una reforma a su sistema concursal
que ha permitido un reconocimiento internacional en la materia. Acorde a los datos entregados en el Banco Mundial en su informe Doing Business, el régimen colombiano se ubica doceavo en esta materia, y primero en Latinoamérica y el Caribe”, destacó la Superintendente de Quiebras de Chile, Josefina Montenegro Araneda.

Y resaltó además que “la duración de los procedimientos son cortos, las tasas de recuperación de los acreedores son altas y el costo del procedimiento es bajo”.

Dijo además que hay países que deben orientar su “legislación concursal a la finalidad del régimen de insolvencia colombiano, esto es, a la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor (artículo 1 Ley 1116)”.

Lea la entrevista Completa en la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades en el siguiente enlace:

http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Revista Supersociedades Número 2

2011-12-29T08:08:00.000-08:00

Régimen de insolvencia Colombiano, Un ejemplo a seguir

Los avances la Superintendencia de Sociedades en materia de insolvencia, además de afianzar la confianza inversionista, impulsar la creación de empresas nacionales y la llegada de inversión extranjera hace que Colombia se convierta día tras día en un referente para las economías de América Latina.

Encuentre en este número de la Revista de la Superintendencia de Sociedades los siguientes temas:

— ¿Qué tan bueno es el sistema de insolvencia empresarial colombiano?

— Entrevista con la Superintendente de Quiebras de Chile,
Josefina Montenegro Araneda

Descargue Aquí la Revista de la Superintendencia de
Sociedades
http://superwas.supersociedades.gov.co/correosData/2011/12/revista/revista_sis%201224-792.html

Aprobado proyecto de adjudicación de dinero y bienes a afectados por DRFE y otros en liquidación

2011-12-28T05:40:00.000-08:00

— Se adjudicarán y pagarán $37.332.072.195 en efectivo a 218.135 personas

— El pago en efectivo por cada persona alcanzará hasta $174.200

Bogotá, 28 dic (SS). La Superintendencia de Sociedades aprobó el proyecto de adjudicación de dinero y bienes disponibles a los afectados por Carlos Alfredo Suarez propietario del Establecimiento de Comercio Proyecciones DRFE y otros en liquidación.

Según la información entregada por la liquidadora, el dinero disponible para ser
pagado o adjudicado asciende a $37.332.072.195.

Estos recursos, en efectivo, serán divididos entre los acreedores con saldos insolutos del primer orden y primera prelación para el pago que está integrado por 218.135 personas.

En esta etapa del proceso, cada uno de los 218.135 afectados recibirá en efectivo hasta $174.200.

En bienes se entregará el equivalente a $4.613.969.189, suma que se repartirá entre las personas que presentan saldo insoluto teniendo en cuenta la aplicación del pago en efectivo, para realizar una adjudicación de bienes hasta por $22.148 a 209.763 personas.

A través de las páginas de Internet de la Superintendencia de Sociedades como de la liquidación judicial www.liquidaciondrfe.com, se informará el cronograma para la entrega de los bienes y el efectivo divulgando el reglamento y procedimiento establecido para cada caso.

La Superintendencia de Sociedades hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de participar en esquemas piramidales fraudulentos que pongan en riesgo el patrimonio y bienestar de los ciudadanos.

(fin)

Superintendente de Quiebras de Chile destaca avances de Colombia en materia de insolvencia

2011-12-21T12:44:00.000-08:00

— Recalca que Colombia se convierte en la economía con
mayores facilidades para resolver la insolvencia de Latinoamérica y el Caribe

— “Durante mi reciente visita a la Superintendencia de
Sociedades de Colombia, pude constatar en la práctica, que una legislación
concursal moderna y equilibrada es posible en nuestra región”: Superintendente
de Quiebras de Chile, Josefina Montenegro

Bogotá, 21 diciembre (SS). Los avances la Superintendencia de Sociedades en materia de insolvencia,
además de afianzar la confianza inversionista, impulsar la creación de empresas
nacionales y la llegada de inversión extranjera hace que Colombia se convierta
día tras día en un referente para las economías de América Latina.
Precisamente la Superintendente de Quiebras de Chile,
Josefina Montenegro, sostuvo una serie de reuniones con el Superintendente de
Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, y con diferentes técnicos de la
entidad, con el fin de conocer la experiencia colombiana en el manejo de los
procesos concursales.
Tras su visita, la Superintendente de Quiebras de Chile
destacó el hecho de que el Banco Mundial haya posicionado a Colombia en el
lugar número 12 en el Informe Doing Business 2012, “convirtiéndola en la
economía con mayores facilidades para resolver la insolvencia de Latinoamérica
y el Caribe”.
El Ascenso de Colombia “en el ranking, ha sido sostenido
en los últimos 3 años”, destaca la doctora Montenegro tras señalar que
“evidencia de lo anterior es que actualmente sus procesos de insolvencia
demoran en promedio 1,3 años, representan un costo de 1% de los activos del
deudor y los acreedores recuperan un 82,8% de sus créditos”, cifras positivas y
ejemplo a seguir, según describe la Superintendente de Quiebras de Chile.
Montenegro también destaca los beneficios de la Ley 1116
de 2006, textualmente señala que esta norma que estableció el Régimen de
Insolvencia Empresarial siempre busca agregar valor, promoviendo y protegiendo
la buena fe en sus relaciones comerciales y patrimoniales en las empresas.
Recordó que en Chile actualmente se está trabajando en un
proyecto de Reforma a la Ley Concursal y que la experiencia colombiana le será
de gran ayuda para avanzar en pro del desarrollo de las empresas de su país.
“Durante mi reciente visita a la Superintendencia de
Sociedades de Colombia, pude constatar en la práctica, que una legislación
concursal moderna y equilibrada es posible en nuestra región”, resaltó
Montenegro.

(fin)

Ver columna de la Superintendente de Quiebras de Chile,
Josefina Montenegro publicada en el Diario de Negocios de Chile estrategia on
line:
http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=5911

Se crearon 227.555 empresas por $23,8 billones en 2011

2011-12-21T07:02:00.000-08:00

Así lo señaló el informe de Confecámaras.
Por considerarlo de Vital
importancia para los usuarios de la Superintendencia de Sociedades, compartimos
el siguiente artículo publicado por el Diario Portafolio.
La buena dinámica que trae la economía colombiana, sumada a los
incentivos para la formalización empresarial, motivaron un incremento en la
creación de empresas en el presente año.
Así se desprende de un estudio realizado por Confecámaras, según el cual
entre enero y noviembre se constituyeron 227.555 sociedades.
Esto equivale a un crecimiento del 6,7 por ciento en comparación con las
213.292 firmas que se crearon en el 2010.
De esa cifra, el 76,3 por ciento son personas naturales y el 23,7 por
ciento son sociedades jurídicas.
Varias razones explican dicha situación.
Según el informe, buena parte del crecimiento tiene que ver con que la
economía colombiana está en mejores condiciones, en momentos en que el mundo
registra un desempeño débil, en particular en los países desarrollados.
Pero además, está la aplicación de la ley de formalización y generación
de empleo, “debido a que con ella muchas empresas que estaban sin ningún tipo
de registro, acudieron a las Cámaras de Comercio a inscribir sus negocios como
una parte fundamental en la estrategia de formalización del Gobierno Nacional”,
dice el gremio.
CRECEN LAS SAS
En cuanto a las sociedades jurídicas, se trata de trata de 53.614 firmas
nuevas (24,8 por ciento más que hace un año), y que concentran un capital de
23,8 billones de pesos.
Ante esto, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera, dice
que “Colombia ha visto un aumento importante en la inversión privada, más aún
cuando las condiciones de seguridad y el grado de calificación de riesgo
obtenidas por el país ante las agencias internacionales mejoraron.
Estos hechos se han traducido en el incremento de nuevas empresas
utilizando la figura jurídica de sociedades, las cuales tienen un grado de
importancia especial en la economía que se puede tomar como un sinónimo de
credibilidad en Colombia y sus regiones”.
Por sector, más del 50 por ciento pertenece a actividades inmobiliarias,
empresariales y al comercio.
Por su parte, industria y construcción concentran casi el 22 por ciento
de las nuevas firmas.
La porción restante corresponde a sectores como transporte, agro,
servicios, hoteles y restaurantes, entre otros.
No obstante, si se mira desde el punto de vista de la inversión, el 57,1
por ciento de los recursos se destinó a transporte de pasajeros y el 7,3 por
ciento a la generación de energía eléctrica.
El resto corresponde a construcción de obras de ingeniería civil,
intermediación financiera, por mencionar algunas.Aquí, hubo un cambio de
tendencia, pues el año pasado la mayor parte de las inversiones se orientó
hacia petroquímica y minería.
De estas empresas, el 88 por ciento son Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS). El 5,5 por ciento fueron limitadas y el 2,1 por ciento son
anónimas. La porción restante corresponde a compañías unipersonales, en
comandita simple o sociedades extranjeras.
De estos tipos de empresa, las de mayor incremento fueron las SAS y las
extranjeras, con un aumento de 42,6 por ciento y 19,2 por ciento
respectivamente.
En el primer caso, el incremento se atribuye a que dicho mecanismo para
crear empresas ha logrado una disminución tanto en los trámites como en los
requisitos y en los costos de crear empresas.
A su vez, hubo una disminución en la conformación de sociedades
limitadas, unipersonales y anónimas.
MÁS FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
EMPRESAS
Uno de los temas que más ha incidido en el aumento de la constitución de
nuevas sociedades, tiene que ver con que se han simplificado los procesos
necesarios.
Por ejemplo, actualmente sólo se requieren dos días y un trámite para
constituir una empresa, mientras que en años anteriores había que hacer 17
trámites que en promedio tomaban 55 días.
Además, se ha visto una reducción de costos significativa, que en las
microempresas alcanza el 70 por ciento y en el caso de las pymes es del 45 por
ciento.
El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, considera que “el
diseño de programas enfocados a la reducción y simplificación de trámites
empresariales, impactan directamente en la generación de nuevos y mejores
negocios en el país”.
Precisamente, esta situación ha sido reconocida por el Banco Mundial,
pues en el informe Doing Business 2012, Colombia mostró un repunte importante
en la facilidad para hacer negocios. En términos generales, ocupa el puesto 42
entre 183 economías, y en la clasificación sobre las facilidades para abrir una
empresa, está en el puesto 65, ocho lugares más arriba que en la medición
pasada.

Entrega de activos y efectivo / Costa Caribe

2011-12-19T06:49:00.000-08:00

El Liquidador de las Sociedades:
PROMOTORA COSTA CARIBE NIT. 900.100.033, INVERSIONES
MARES Y LAGOS S.A. NIT. 830.015.933, JM INVERSIONES TURÍSTICAS CARIBE LTDA.
NIT. 900.194.418, CORPORACIÓN TURÍSTICA
SOL CARIBE NIT. 808.003.927, JAIME RODRÍGUEZ LAGUNA C.C 17.050.874 Y MARÍA
TERESA PÁEZ CALA C.C 41.526.216 EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL PROCESO QUE SE
ADELANTA EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INFORMA
Con Auto No. 420-018952 del 7 de diciembre de 2011, la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES COMO JUEZ DEL PROCESO dejó en firme el PROYECTO
DE READJUDICACIÓN a los afectados del proceso de PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA. Y
OTRAS RELACIONADAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL por lo que se realizará LA ENTREGA
FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR ACTA Y EL EFECTIVO A TRAVÉS
DEL BANCO AGRARIO A LOS AFECTADOS DEL PROCESO conforme a la Ley 1116 de 2006,
dentro de los treinta (30) días siguientes CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL
AUTO y según al grupo que le correspondió. LA FECHA Y HORA DE LA ENTREGA SE EFECTUARÁ EN EL SITIO Y ESTADO
DONDE SE ENCUENTRE CADA MUEBLE E INMUEBLE CONFORME AL CRONOGRAMA Y REGLAMENTO
PUBLICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET.
Para este efecto ES IMPORTANTE CONSULTAR LAS PÁGINAS
DE INTERNET www.supersociedades.gov.co
/www.costacaribeenliquidacionjudicial.com
en donde encontrará toda la información, programación y el reglamento de
entregas que se efectuarán a partir del 16 de Diciembre de 2011.
RODOLFO YÁÑEZ ORTEGA
Liquidador

Las personas extranjeras, naturales o jurídicas, gozan de las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que se establezcan

2011-12-16T12:39:00.000-08:00

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Concepto 220-165977 de 2011, explicó que las personas naturales o jurídicas extranjeras, independientemente del país de donde provinieren, gozan de los mismos derechos y de las garantías que tienen los nacionales colombianos.
Pero aclaró que esto se da sin perjuicio de que, como lo señala la norma constitucional, en un momento determinado y atendiendo a circunstancias especiales que se presenten en el país, como bien pueden ser de orden público, políticas económicas, etc., el Gobierno Nacional prohíba o
restringa la realización de alguna actividad o la inversión proveniente del extranjero por un tiempo limitado o de manera permanente.

Así las cosas, en el concepto expedido por al Superintendencia de Sociedades queda claro que los extranjeros, personas naturales o jurídicas, pueden proceder a constituir sociedades, invertir capital extranjero con el fin de formar parte del capital social de compañías, adquirir cuotas o acciones en sociedades, formar parte de la administración de un ente societario o adquirir bienes inmuebles.

A continuación se transcriben apartes del documento:
Sobre el particular, en relación con la inquietud planteada, es preciso remitirnos inicialmente a la Constitución Política de Colombia, donde encontramos dos normas básicas, que nos señalan el norte en lo atinente con la actuación en nuestro país de las personas naturales o jurídicas
extranjeras.
En efecto, veamos lo que consagran los artículos 4 y 100 de la Carta Magna:
“Artículo 4.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, sea aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
“Artículo 100.- Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital”.
Ubicados en el escenario constitucional, norma de normas, tenemos que las personas naturales o jurídicas extranjeras, independientemente del país de donde provinieren, gozan de los mismos derechos y de las garantías que tienen los nacionales colombianos, sin perjuicio de que como lo señala la norma constitucional citada, en un momento determinado y atendiendo a circunstancias especiales que se presenten en el país, como bien pueden ser de orden público, políticas económicas, etc., el gobierno nacional prohíba o restringa la realización de alguna actividad o la inversión proveniente del extranjero por un tiempo limitado o de manera permanente.
En este orden, y con base en las normas citadas, podemos afirmar sin lugar a dudas, que en términos generales, los extranjeros, personas naturales o jurídicas, pueden proceder a constituir sociedades, invertir capital extranjero con el fin de formar parte del capital social de compañías, adquirir cuotas o acciones en sociedades, formar parte de la administración de un ente societario o adquirir bienes inmuebles.
Ahora bien, partiendo de la base que lo anterior es legalmente viable, entramos a ver en términos generales como puede lograrse que una persona extranjera con el fin de acceder a lo que hemos mencionado, invierta capital extranjero en Colombia.
Tenemos que el marco legal que regula lo concerniente con las relaciones jurídicas que involucran operaciones de inversión extranjera en el país, independientemente del tipo societario donde vaya a invertirse, está contenido en el Régimen Cambiario consagrado en la Resolución 8 del 5 de mayo de 2000, en el Estatuto de Inversiones Internacionales previsto por el Decreto 2080 del 18 de octubre de 2000 y sus modificaciones, así como en la circulares Reglamentarias expedidas por el Banco de la Republica, en donde se encuentran los procedimientos dentro de los cuales deben cumplirse las formalidades de registro de cada operación que se efectué. Así mismo, la Circular DCIN 83, y sus modificaciones, proferida por el Banco de la República, en el punto 7, define las denominadas operaciones de inversión extranjera.
La mencionada resolución al referirse a la inversión extranjera, dispone que los residentes en el exterior deberán presentar y suscribir una declaración de cambio, en original y copia, ante los intermediarios del mercado cambiario.
Igualmente, conforme el punto 7.1. numeral 1° de la Circular DCIN -83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones, se consideran inversiones internacionales la inversiones de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas, por parte la personas no residentes en Colombia y las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en zona franca colombiana.
La calidad de residente o no residente se presumirá de quienes actúen como inversionistas internacionales en los formularios de registro.
Valga tener en cuenta que en el momento en que una persona nacional colombiana vende a un
extranjero su participación en una sociedad colombiana, la inversión del nacional colombiano desaparece.
Igualmente, debemos anotar que cuando un inversionista extranjero, adquiere una inversión (cuotas, acciones o partes de interés en sociedad nacional) directamente o por conducto
de su representante, debe necesariamente proceder a canalizar las divisas a través del mercado cambiario, para lo cual deberá diligenciar la declaración de cambio por inversiones
internacionales (formulario 4).
En este sentido en el punto 1, del numeral 7.1, la referida circular expresa lo siguiente: “ la declaración de cambio deberá presentarse personalmente por el inversionista, apoderado o quien represente sus intereses ante los intermediarios del mercado cambiario o al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República en caso de canalización a través de cuentas de compensación ”.
El punto 2 del mismo numeral consagra el procedimiento del registro y expresamente señala lo siguiente “El registro de las inversiones internacionales tendrá las siguientes procedimientos según la clase de inversión y modalidades de aportes previstos en el decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones.

Encuesta para conocer su percepción de la Supersociedades y mejorar los procesos

2011-12-12T15:16:00.000-08:00

Para la Superintendencia de Sociedades es motivo de satisfacción y orgullo contar con usuarios como usted.

Por esta razón y con el fin de seguir mejorar nuestros servicios hemos diseñado la Encuesta de Satisfacción.

Este proceso le permitirá a la Entidad tomar las acciones necesarias para avanzar en los servicios que presta a diario a la ciudadanía y al empresariado nacional.

Que mejor momento para hacer esta encuesta que 2011, año en el que la Economía Colombiana podrá registrar un crecimiento importante, en el que las empresas están mirando al exterior y año en el que los inversionistas están viendo a nuestro país con buenos ojos gracias, entre otros factores, a que la economía cuenta con un grado de inversión.

Lo invitamos a responder de manera objetiva las siguientes preguntas.

Superintendencia de Sociedades destaca decisión de Clubes deportivos de convertirse en Sociedad Anónima

2011-12-05T08:12:00.001-08:00

— A la fecha se registran 36
equipos de fútbol con reconocimiento deportivo. Bajo la ley 1145 se aprobó la
conversión de 21, 10 de la A y 11 de la B
— Este tipo de decisiones le
imprimen de transparencia a los clubes deportivos
— Con este tipo de anuncios se
fomenta la generación de empleo y la inversión en el país
Bogotá, 2 dic (SS). La
Superintendencia de Sociedades celebra la decisión de los clubes deportivos de
convertirse en sociedades anónimas, toda vez que con ella se avanza en la
organización y en el reconocimiento de que el fútbol se ha convertido en un
asunto de interés público, dado el elevado número de aficionados y los
movimientos económicos que genera.
A la fecha se registran 36
equipos de fútbol con reconocimiento deportivo. De estos, antes de la Ley 1145 ya
se habían convertido a Sociedad Anónima 3: Club Deportivo Los Millonarios, Deportivo
Bogotá Chicó Fútbol Club y el Depor Deportivo Fútbol Club.
A la fecha, bajo la Ley 1145 se
están convirtiendo a sociedades anónimas 21 clubes, de los cuales 10 son de la
A y 11 de la B.
Total clubes convertidos: 21
Total clubes convertidos primera
A: 10
Corporación Deportiva Real
Cartagena
Corporación Deportes Quindío
Corporación Club Deportes Tolima
Club deportivo la Equidad Seguros
Corporación Deportiva
Independiente Medellín
Club deportivo Atlético Huila
Corporación Deportiva Once Caldas
Santa fe Corporación Deportiva
Corporación nuevo Cúcuta
Deportivo
Corporación deportiva América

Total clubes convertidos primera
B: 11
Corporación Social Pacifico
Fútbol Club
Asociación Deportiva Unión
Magdalena
Club Atlético Bucaramanga
Corporación Deportiva
Valledupar Fútbol Club Real
Corporación Deportiva Patriotas
Fútbol Club
Corporación Deportiva Fortaleza
Fútbol Club
Corporación Deportiva Real
Santander
Corporación Deportiva
Barranquilla Fútbol Club
Universitario Popayán Corporación
Deportiva
Corporación Deportiva Expreso
Rojo
Corporación Deportiva Bogotá
Fútbol Club

Hay que destacar que el éxito los
clubes, o de las selecciones nacionales dan lugar a reacciones sociales y
exigencias directas e indirectas sobre la necesidad de intervenir de alguna
manera para que el fútbol sea cada día más organizado, más competitivo, más
transparente y otorgue mayores satisfacciones al público interesado.
Como señaló el mismo presidente
de la República, Juan Manuel Santos, durante la sanción de la ley del deporte,
el que los clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas “permitirá
saber quiénes son sus dueños y hacer un mejor filtro para evitar el ingreso de
dineros provenientes de actividades ilegales”.
La decisión de los clubes de
convertirse en sociedades anónimas le imprime un ítem de formalidad a los
actuales y futuros jugadores toda vez que de no cumplir con el pago de
obligaciones laborales, pago de aportes a la seguridad social, pagos
parafiscales u obligaciones impositivas por un período superior a sesenta (60)
días, serán sancionados.
Aquí es necesario volver a
retomar palabras del Presidente Santos quien ha señalado que “en la práctica,
un club que se atrase en el pago de la nómina, no podrá seguir jugando el
campeonato hasta que se ponga al día”.
La conversión no afectará los
contratos, los reconocimientos deportivos, ni los derechos deportivos que
constituyen el patrimonio de los clubes con deportistas profesionales.
Procedimiento para la
recuperación de los clubes con deportistas profesionales La Superintendencia de
Sociedades explicó además que después del 12 de noviembre, los clubes con deportistas
profesionales que estén organizados como Corporaciónes o asociaciones
deportivas adelantarán un procedimiento de recuperación económica y
administrativa, cuando incurran en cualquiera de las siguientes causales:

a) Se encuentren en un estado de
cesación de pagos, situación que se configurará cuando se acredite el
incumplimiento en el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más
obligaciones contraídas en desarrollo de su actividad, o la existencia de por
lo menos dos (2) demandas ejecutivas para el pago de obligaciones mercantiles
y/o laborales que equivalgan, en ambos casos, a no menos de diez por ciento
(10%) del pasivo total;

b) Que del resultado del último ejercicio
contable se establezcan pérdidas que disminuyan el patrimonio neto por debajo
del setenta por ciento (70%) de su capital total;

c) Cuando haya rehusado la
exigencia de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos a
la inspección de las entidades de supervisión;

d) Cuando la información
presentada a las entidades de supervisión no se ajuste materialmente a la
realidad económica, financiera y contable;

e) Cuando incumpla reiteradamente
la ley, los estatutos, las órdenes o instrucciones de las entidades de
supervisión; Acreditada alguna de las anteriores causales, la Superintendencia
de Sociedades, de oficio o a solicitud del Instituto Colombiano del Deporte
(Coldeportes) o del club con deportistas profesionales organizado como
Asociación o Corporación, abrirá un proceso de recuperación en los términos de
la Ley 550 de 1999.
(FIN)

Así nos ven los medios

2011-12-05T07:46:00.000-08:00

Por considerarlo de vital importancia
para el país, la Superintendencia de Sociedades publica en su Blog el artículo
titulado “125 empresas han iniciado procesos de reorganización” publicado en el
Diario Económico Portafolio
125 empresas han
iniciado procesos de reorganización
Así nos ven los medios
Portafolio
Desde 2007, 374 empresas con
activos por $3,3 billones han sido admitidas al proceso por la Supersociedades.
Entre enero y octubre de este año, 125 sociedades fueron admitidas para
acogerse al régimen de insolvencia empresarial.
Con esto, ya son 374 las firmas que han iniciado este proceso en los
últimos cinco años y que en conjunto involucran activos por 3,3 billones de
pesos y algo más de 16.100 trabajadores.
Las compañías que se han acogido este año pertenecen a casi una veintena
de actividades económicas.
Pero ahí, se destaca la gran cantidad de firmas pertenecientes al sector
floricultor (20) y a la construcción (9).
En el primer caso, se trata de un sector que ya lleva varios años
resintiendo la volatilidad de la tasa de cambio, pero que en los últimos meses
ha sido afectado por un elemento adicional: la fuerte ola invernal que ha
dañado una gran extensión de cultivos, principalmente en la sabana de Bogotá.
Y aunque en construcción no se puede generalizar, conocedores del tema
dicen que lo sucedido con las empresas del Grupo Nule arrastró a muchas
compañías pertenecientes a la cadena.
En el listado también figuran sociedades relacionadas con el sector
textil y de confección, transporte, papelerías, ferreterías, fabricantes de productos
químicos y plásticos y comercializadoras, entre otras.
más agilidad
Si bien en los últimos 10 meses son más las empresas que habían
solicitado acogerse al régimen en comparación con las 107 del año pasado, la
realidad es que esta situación poco o nada tiene que ver con el comportamiento
de la economía nacional.
Más allá de que haya unos sectores con desempeño menos satisfactorio que
otros, lo que ha pasado es que el régimen es más accesible.
El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, señala
que el objetivo ha sido agilizar el proceso y hacerlo más eficiente y
económico.
Es así como las empresas pueden tomar medidas a tiempo, pues entre más
rápido actúen, hay más probabilidades de recuperación.
El cambio más reciente al régimen de insolvencia se hizo el año pasado
(Ley 1429 del 2010) e incluyó varios ajustes.
Antes era obligatorio que los interesados estuvieran al día en
impuestos, cuando es lógico que una empresa deje de cumplir con sus
obligaciones si está en problemas.
Además, la figura del promotor era obligatoria, lo cual se convertía en
un costo adicional que muchas empresas pequeñas no podían asumir, de tal manera
que ahora esa figura es opcional y se utiliza sólo en casos complejos.
El otro tema clave es que se establecieron unos tiempos claros.
Por ejemplo, la respuesta a la solicitud es cuestión de días y una vez
que son admitidas, el trámite de calificación y graduación de las obligaciones
de la empresa tiene una duración máxima de dos meses.
Posteriormente viene la negociación del acuerdo con los acreedores, que
tiene un límite de cuatro meses.
El paso final, que es la ejecución de los acuerdos, se demora
dependiendo de lo pactado, hasta un máximo de 10 años.
Y aunque la tasa de recuperación ha aumentado, pues por cada 100 pesos
se pueden salvar 83 (antes eran 62), aún es muy pronto para decir cuál es la
proporción de empresas que se someten a insolvencia y logran cumplir con el
acuerdo.
De las 374 firmas aceptadas, hasta ahora sólo 3 han cumplido con los
acuerdos, en una lo rechazaron y 35 han pasado a liquidación. De las restantes,
hay 220 en negociación y 115 ejecutando los acuerdos establecidos.
EJECUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES
De los 475 procesos que la Supersociedades ha iniciado en los últimos
cinco años, ya se han terminado 246.
Desde el 2007, el ente de control ha convocado o aceptado a 475
sociedades para liquidación, que involucran activos por más de 3,8 billones de
pesos. En su mayoría, estos procesos han resultado como consecuencia de un
fracaso o incumplimiento de los acuerdos de reestructuración, así como por
solicitud directa de los deudores o por orden de la Supersociedades.
Casi el 70 por ciento son micro y pequeñas empresas.
Por actividad, el 30,9 por ciento son firmas de manufacturas, el 29,6
por ciento son de comercio y el 22,7 por ciento son de servicios. El resto
corresponden al agro, la construcción y la minería.
Los sectores en los que más procesos se han terminado son minería,
manufacturas y comercio.
Sólo este año, 116 empresas han pasado a liquidación judicial.
AVANCE EN COMPETITIVIDAD
Los ajustes que se le hicieron al régimen de reorganización empresarial
el año pasado, y con los cuales se logró reducir el tiempo de los procesos de 3
a 1,3 años en promedio, así como incrementar la tasa de recuperación de los
acreedores de 62,4 centavos de dólar a 82,8 centavos de dólar, entre otros
elementos, permitieron que el país avanzara en el Doing Business del Banco
Mundial en el tema de resolución de insolvencias. Así, ocupa el puesto 12
entre183 economías.

Comisión III de Senado debate Proyecto sobre disolución y liquidación de sociedades

2011-11-29T07:47:00.000-08:00

Por considerarlo de su interés publicamos el texto de la iniciativa.

PROYECTO DE LEY 143 DE 2011 SENADO.
por la cual se establecen reglas especiales para disolver sociedades, se crea un trámite breve de liquidación y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente norma se aplicará a las sociedades comerciales, sociedades civiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales que no estén sometidas a un proceso o trámite de insolvencia, toma de posesión para administrar o liquidar, o liquidación forzosa administrativa, que requieran tomar la decisión de disolver y liquidar cuando se presente una cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Exista imposibilidad de conformar el quórum deliberativo necesario para que el máximo órgano social respectivo se reúna.
2. Ausencia de pluralidad en la reunión del órgano social que impida la adopción de decisiones.
3. Existencia de paridad respecto de la decisión para disolver la compañía.
4. En los estatutos se hubiere pactado una mayoría decisoria especial para la decisión de liquidación de la compañía, la cual no pueda obtenerse.
Parágrafo 1º. La presente ley también se aplicará a las sociedades establecidas en los numerales 5, 6 y 7 del artículo 2° de esta ley, que por sus condiciones económicas merezcan ser beneficiarias del procedimiento de liquidación establecido en la presente ley.
Parágrafo 2º. Igualmente se aplicará esta ley para aquellas sociedades en la que uno de los socios o accionistas hubiere fallecido y no exista representante de las participaciones de capital en el máximo órgano y como consecuencia de ello, no pudiere conformarse el quórum deliberativo u obtenerse la mayoría decisoria.
Artículo 2º. Definiciones. Para los fines de esta ley, se adoptan las siguientes definiciones:
1. Sociedades que no cuentan con pluralidad para integrar el quórum. Son aquellas sociedades en las que requiriéndose un número plural de socios para deliberar, el mismo no se obtiene y en consecuencia no puede integrarse el máximo órgano social para que considere la decisión de disolverse.
2. Sociedades que cuentan con pluralidad pero no reúnen el quórum para deliberar y decidir. Son aquellas sociedades en las que a pesar de existir un número plural de socios o accionistas, no reúnen el porcentaje necesario de capital que les permita deliberar y decidir.
3. Sociedades que cuentan con pluralidad para deliberar pero no con mayoría para decidir. Son aquellas que requieren una mayoría calificada para la disolución y no pueden tomar la decisión por situaciones de paridad o cuando no se consigue el concurso de los minoritarios.
4. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales de sociedad extranjera inactivas. Son aquellas que se constituyeron pero que no realizaron actividades en desarrollo de su objeto social.
5. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales de sociedad extranjera que pueden atender la totalidad de sus pasivos. Son aquellas cuyos activos le permiten atender en forma rápida y oportuna la totalidad de sus pasivos, bien porque existan acuerdos de pago con la mayoría de los acreedores, o bien porque la mayoría de sus acreedores estén dispuestos a recibir el pago de su obligación en los términos propuestos por la compañía, siempre que se asegure la satisfacción de la totalidad de los acreedores.
6. Sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras con pasivos y sin activos para cumplir con sus obligaciones. Son aquellas en las que una vez realizado el estado de inventario el pasivo externo supera el activo y los accionistas o la matriz o sociedad extranjera asumen el pago del pasivo o extinguen las obligaciones.
TÍTULO II
DE LA DISOLUCIÓN.
TOMA DE DECISIÓN PARA DISOLVERSE
Artículo 3º. Sociedades que pueden tomar la decisión de disolverse al amparo de esta ley. Las sociedades definidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior podrán aplicar las reglas establecidas en el presente título, en materia de convocatoria, quórum, mayorías decisorias, reunión de segunda convocatoria, retiro de socio o accionista, compra de participaciones, representación y paridad, para adoptar la decisión de disolución, cuando quiera que precedan por lo menos dos (2) reuniones ordinarias fallidas, convocadas para decidir la disolución y liquidación.
Artículo 4º. Convocatoria a la asamblea o junta de socios. El representante legal, el Revisor Fiscal, la Superintendencia que ejerza supervisión o uno o más socios representantes del 10% de las participaciones en que se divide el capital social, podrán convocar al máximo órgano social con el objeto de que considere la decisión de disolver la sociedad.
La convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor a cinco (5) días y en su texto deberá incluirse expresamente que el objeto de la reunión es considerar la disolución y liquidación y, deberá cumplirse a cabalidad con las formalidades establecidas en el estatuto social para la convocatoria.
Parágrafo. La convocatoria incluirá la fecha, lugar y hora en que se realizará la reunión de segunda convocatoria cuando quiera que la primera resulte fallida; sin necesidad de trámite o citación adicionales.
Artículo 5º. Quórum y mayoría decisoria. Para efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el quórum estará conformado por un número singular de socios o accionistas representantes de la mayoría absoluta de las participaciones en que se divide el capital social.
Para adoptar la decisión bastará el voto afirmativo de la mayoría absoluta de las participaciones presentes o representadas en la respectiva reunión.
Artículo 6º. Reunión de segunda convocatoria. En la reunión de segunda convocatoria podrá deliberar uno o más socios o accionistas cualquiera que sea el porcentaje de participaciones presentes o representadas. La decisión la adoptará uno o más socios o accionistas que configuren la mayoría absoluta de las participaciones presentes o representadas.
Artículo 7º. Decisión para disolver en caso de paridad. Cuando no se pueda tomar la decisión de disolver la sociedad, debido a que no se obtiene la mayoría mínima decisoria, se entenderá que en tal caso los socios o accionistas que voten afirmativamente la propuesta de disolver la sociedad, ofrecen en venta sus cuotas o acciones, y aquellos que la votan negativamente están interesados en adquirirlas. Para tal efecto en la misma reunión, los socios que votaron afirmativamente la propuesta determinarán el precio y la forma de pago y allí mismo, los socios disidentes expresarán su aceptación o rechazo con relación a ella.
Si no existe acuerdo en el precio, los socios deberán acudir al procedimiento de nombramiento y designación de peritos, contemplado en los artículos 134 a 136 de la Ley 446 de 1998 o a la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad, las cuales y para tal fin elaborarán listas integradas por expertos en cada una de las respectivas materias.
En el caso de no existir acuerdo en el plazo, procederá el pago en el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de determina ción del precio.
Artículo 8º. Retiro del socio o accionista. Con el acuerdo de las partes entre el precio y el plazo para la compra de las participaciones sociales opera el retiro del socio o accionista que vendió sus cuotas, acciones o partes de interés.
Si el precio y el plazo fueron determinados por peritos, el retiro operará cuando esté en firme la decisión.
Cuando el retiro comporte una reforma estatutaria, será suficiente para la inscripción en el registro mercantil el documento privado o la decisión del perito donde consten los términos de la negociación.
Parágrafo. A partir de la decisión en firme del perito, se prohíbe al enajenante de las acciones la constitución de garantías que recaigan sobre los títulos de participación y sobre los bienes propios de la sociedad, enajenaciones de las participaciones, bienes, o realizar operaciones en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, será ineficaz de pleno derecho.
El reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en este artículo será de competencia de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.
Artículo 9º. Compra de participaciones para evitar la disolución. En los eventos distintos de paridad, cualquiera de los socios o accionistas podrá adquirir participaciones de capital de los restantes para evitar la disolución de la sociedad. Cuando un asociado o accionista manifieste su intención de comprar las participaciones no habrá lugar a decretar la disolución y liquidación de la compañía.
El trámite que se surtirá será el dispuesto en este y en el artículo anterior.
Artículo 10. Representación de participaciones de capital que hacen parte de un proceso de sucesión. En las reuniones del máximo órgano social, las participaciones de capital estarán representadas así:
1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos reconocidos en juicio, o
3. Un heredero o quien tenga vocación hereditaria que acredite ante el representante legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su responsabilidad la representación de la sucesión.
Si varios herederos o quienes tengan vocación hereditaria se presentan a la reunión del máximo órgano social designarán por mayoría un representante entre ellos, en caso de que ello no fuere posible, las acciones no se tomarán en cuenta para efectos del quórum o las decisiones que deban adoptarse.
Artículo 11. Responsabilidad por deudas que no consten en libros. Las obligaciones que no consten en los libros de contabilidad de la compañía o en el documento de enajenación, continuarán a cargo del enajenante de las participaciones, pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa responderá solidariamente con aquel de dichas obligaciones.
Artículo 12. Regulación del voto en blanco. Para efectos de determinar la mayoría para la adopción de decisiones de que trata esta ley, se descontarán los votos en blanco.
TÍTULO III
DE LA LIQUIDACION
CAPÍTULO I
Procedimiento
Artículo 13. Procedimiento para la liquidación. Para las sociedades de que trata esta ley y en los casos aquí descritos, su liquidación se sujetará a las siguientes reglas:
1. El representante legal y el revisor fiscal y en defecto de este, el contador, prepararán un informe general en el que identifiquen los activos disponibles, los pasivos adquiridos, la forma en que se atenderán los pagos de los pasivos respetando la prelación legal y el tiempo en que deberán quedar satisfechas las obligaciones, bien sea que la convocatoria provenga de ellos o de otra persona facultada para el efecto de conformidad con esta ley. Esta información deberá ser entregada a los socios al momento de llevar a cabo la reunión.
En el evento de que el representante legal no entregue dicha información, responderá ante los socios, la sociedad y los terceros por los perjuicios que cause y sin que ello impida adoptar la decisión de disolver y liquidar.
2. Una vez adoptada la decisión de disolver y liquidar, se levantará un acta de disolución y liquidación que contendrá:
a) La fecha de la convocatoria y la constancia de que incorporó el tema a tratar en la reunión;
b) Los nombres de los socios o accionistas que asistieron en forma personal o representada identificando el nombre de su apoderado;
c) Identificar la forma en que se tomó la decisión, especificando los nombres y el sentido del voto de los integrantes del máximo órgano social;
d) Incorporar el estado de inventario presentado para la aprobación del órgano respectivo;
e) Identificar el acuerdo al que previamente la sociedad llegó con sus acreedores para la atención oportuna de los pasivos a cargo de aquella, en los casos en los que hubiere lugar;
f) La designación del liquidador, quien será la persona encargada de adelantar la liquidación.
3. El acta de disolución y liquidación, suscrita por presidente y secretario de la reunión, se enviará a la Cámara de Comercio para que registre la disolución de la compañía e informe que se someterá al trámite de liquidación previsto en esta ley, adicionándose la razón social con las palabras ¿en liquidación¿.
4. El acta de disolución y liquidación con sus anexos, será pública y estará a disposición de cualquier interesado en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad.
5. Una vez se inscriba la disolución, La Cámara de Comercio dará aviso a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales ¿ DIAN y a las autoridades departamentales, municipales, distritales y al Ministerio de Protección Social.
Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del registro del acta de disolución y liquidación en la Cámara de Comercio respectiva, no se presenta oposición relacionada con el trámite abreviado o la información contenida en el acta y sus anexos, la Cámara procederá a cancelar la matrícula mercantil, con lo cual se entenderá extinguida la persona jurídica. La DIAN, deberá efectuar, así mismo, la cancelación del registro.
Parágrafo. El trámite previsto en este artículo se aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inactivas.
Artículo 14. Trámite cuando se presentan objeciones al inventario presentado. Cuando a la Cámara de Comercio se presenten objeciones relacionadas con el inventario presentado; la sociedad adelantará una conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Superintendencia de Sociedades. Si la objeción no fuere conciliada el Liquidador deberá cumplir a cabalidad todas las exigencias establecidas en el Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
Artículo 15. Responsabilidad solidaria de administradores y socios o accionistas por no inclusión de pasivos en el inventario. Los administradores, los socios o accionistas que aprobaron la decisión de adelantar el trámite de liquidación abreviada serán solidariamente responsables por los pasivos que no hubieran inc luido en el inventario y que hubieren quedado sin atender.
Artículo 16. Trámite para sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera con activos insuficientes. Dentro del mes siguiente a la fecha en que sea designado, el liquidador deberá elaborar el estado de inventario. Cuando de esta información resulte que los activos no son suficientes para atender el pago del pasivo externo a favor de dos o más acreedores, el administrador deberá convocar a los accionistas a fin de que consideren la posibilidad de suministrar los recursos necesarios para la atención de las obligaciones. Si fueren asumidos o extinguidas las obligaciones por parte de los asociados o administradores o la sociedad que incorporó la sucursal, la liquidación se sujetará a los términos de esta ley, en caso contrario, el liquidador deberá ajustar la liquidación a los términos del Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
Otras disposiciones
Artículo 17. Normalización pensional. Para las sociedades que en estado de liquidación tengan que cumplir con un mecanismo de normalización pensional y en atención a la naturaleza del activo o a la suficiencia del mismo, no puedan optar por una conmutación pensional, podrán optar por un pago único haciendo uso del mecanismo que asegure un pago periódico y similar al del Sistema de Ahorro programado, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 18. Terminación de contratos. En los casos contemplados en esta norma, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de treinta (30) días. Si transcurrido ese término, contado a partir de la presentación de la petición, sin que se haya notificado una decisión que la resuelva, se activará el silencio administrativo positivo. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.
Artículo 19. Depuración del RUT. La DIAN procederá a cancelar el RUT de las personas que hayan cancelado su matrícula mercantil, cinco (5) o más años antes de la vigencia de la presente ley, siempre y cuando no existan obligaciones de cargo de la persona o sociedad o la obligación haya prescrito.
Artículo 20. El numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 quedará así:
¿(¿)
3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos¿
Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La disolución y liquidación de sociedades es la terminación de todas las actividades mercantiles de una empresa, la realización de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos y finalmente la distribución del remanente entre sus socios. Es decir, al terminarse la sociedad se desarrollan tres pasos que en sí mismos son tres conceptos diferentes: la disolución, la liquidación y la extinción[1][1][1].
El primero, significa el final de la plenitud jurídica de la compañía, la resolución de las relaciones que la vinculan y la cesación de las actividades que comprende su objeto social[2][2][2]; la segunda, no es más que el estado legal en que queda la compañía, por virtud del cual debe reducir sus bienes a dinero para pagar sus deudas[3][3][3] y, la tercera, consiste en la culminación del proceso de liquidación, es decir la conclusión de todas la operaciones jurídicas y económicas atinentes a la sociedad[4][4][4].
Aunque la disolución no pone fin al contrato de sociedad porque todos los órganos siguen actuando hasta su extinción, sí afecta factores importantes del funcionamiento de la misma. Este proceso tiene unas consecuencias complejas en relación con: la empresa social, con la capacidad porque determina una restricción en las facultades de los administrados, restringe la capacidad de la sociedad y afecta la capacidad de la compañía; con el patrimonio; con el contrato; frente a los órganos de la sociedad porque afecta la actividad del órgano directivo, el funcionamiento de la junta y asamblea de la sociedad; afecta igualmente la razón o denominación social y finalmente la personería jurídica. Es de aclarar que la disolución no implica automáticamente la extinción de la sociedad.
La liquidación, de otra parte, es definida como un procedimiento técnico-jurídico dirigido a determinar el haber social para satisfacer a los acreedores sociales y a los socios mediante el remanente. Pero para llegar a este punto final, será necesario realizar unas operaciones complejas que permitan una liquidación de activos y la extinción de las deudas y créditos contraídos con terceros por parte de la sociedad.
Los pasos anteriores, forman parte de un procedimiento consagrado en el Código de Comercio colombiano y que establece taxativamente las causales de disolución[5][5][5] y los diferentes procesos de liquidación dependiendo del tipo de sociedad[6][6][6]. Lo anterior ha generado un impacto importante en las sociedades que se quieren liquidar o que por efecto de situaciones adversas deben liquidarse, producto de procesos prolongados que en la mayoría de los casos dejan activos inmovilizados e improductivos con impactos negativos para la economía no sólo de la sociedad sino del país.
Así mismo, encontramos otros obstáculos a los que deben enfrentarse los empresarios que toman la decisión de disolverse. De acuerdo con un estudio adelantado en el año 2008 por la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿¿ los mayores obstáculos en el proceso de liquidación son: los trámites que se deben realizar ante la DIAN como el pago de impuestos y la cancelación del NIT y el RUT; los trámites ante la Cámara de Comercio, principalmente, la inscripción de la liquidación y la cancelación de la matrícula; los trámites ante notarías para obtener la escritura pública de liquidación; y en la Superintendencia de Sociedades, por autorizaciones y aprobaciones de documentos¿[7][7][7].
En general el mismo informe advierte que además de los aspectos legales, existen otras dificultades para los empresarios que son difíciles de superar en el proceso liquidatorio como son: el exceso de trámites, los costos de las tarifas, el pago de deudas, la liquidación de activos, la liquidación de personal, la liquidación de las deudas con los socios y la cancelación de su registro ante la administradora de riesgos profesionales, las EPS, los fondos de cesantías y las cajas de compensación.
El tema había sido estudiado por el Departamento Nacional de Planeación que en un estudio técnico sobre simplificación de trámites[8][8][8] en el que se consideró, sólo la liquidación voluntaria, encontró que en ese proceso existe: dualidad en la solicitud de documentos, mantenimiento ad eternum de empresas disueltas pero no liquidadas, bajas parciales en los sistemas de registro, inconsistencias en las bases de datos de los registros públicos, limitaciones para reclamar acreencias, acumulación de deudas y sanciones para los empresarios.
En efecto, la complejidad del proceso y el quiebre en los flujos de información entre entidades hace que las sociedades entren a un proceso disolutorio que no culmina en la liquidación efectiva de la empresa, creando una ficción de empresa que en la práctica no existe pero en la formalidad perdura como unidad productiva vigente. Ello se debe a que muchas sociedades que han quedado en estado de liquidación ante los asociados, no lo han hecho ante terceros, por falta de la debida publicidad que debe dársele a ciertas causales de disolución (por ejemplo, la disolución por decisión de los asociados Ord. 6 del artículo 218 del Código de Comercio). Dichas sociedades, vulneran la prohibición legal y continúan las operaciones de explotación económica comprendidas en su objeto social a pesar de que uno de los efectos de la disolución es precisamente que modifica el objeto social el cual permanece sólo para las actividades propias de la liquidación.
Frente a este tipo de anomalías no se han establecido sanciones; para un sector de los doctrinantes extranjeros la prolongación de las actividades por parte de una empresa que ha entrado en disolución pero que no concreta la liquidación, la convierte automáticamente en una sociedad irregular o de hecho y ello en Colombia no tiene un régimen de responsabilidad aplicable.
Frente al objeto social es de aclarar que en Colombia existe la teoría de la especialidad del mismo[9][9][9] y por lo tanto, no existe el objeto social indeterminado pero si múltiple pues, la doctrina distingue entre un objeto principal representado por las actividades que forman parte de la empresa social y uno secundario compuesto por todos aquellos actos que sirven de medio para cumplir todas esas actividades principales. Se entiende que en el contrato de sociedad, el objeto son las obligaciones que los asociados asumen y el objeto de las obligaciones asumidas por los asociados son los aportes que estos deben hacer al fondo social. Pero el objeto de la sociedad alude a la empresa o actividad de explotación económica que los asociados se proponen realizar y en ese sentido constituye elemento de la esencia como lo estipula el artículo 98 del Código de Comercio[10][10][10].
El objeto es un elemento esencial del contrato social por eso en el artículo 110 del C. de Cio. ordinal 4, se obliga a que en el documento de constitución se deje preciso el objeto social mediante la enunciación clara y completa de las actividades principales y es bien sabido que la omisión o falta de alguna de las condiciones esenciales implica o la inexistencia del contrato celebrado[11][11][11] o la conversión del negocio jurídico en otro[12][12][12].
De igual forma se establecen anomalías en la forma como se desenvuelve el proceso que puede llevar a limitar la capacidad de los acreedores de una empresa en liquidación para recuperar los valores a su favor, generando como consecuencia efectos nocivos en la seguridad de las operaciones comerciales esto, gracias a la tardía información sobre el inicio del proceso disolutorio que hace perder tiempo valioso para intervenir oportunamente en los cobros.
También se da que el principal acreedor de las sociedades, el Estado, no cuenta con mecanismos idóneos para mantener actualizados y a la mano los estados de deuda de las empresas que se quieren liquidar y aún ahora, este tipo de consultas se hace casi que manualmente entre las entidades tributarias.
Por omisiones involuntarias de los empresarios en la formalización del cierre ante diferentes dependencias y entidades estatales, las sociedades liquidadas son sancionadas por el incumplimiento de obligaciones que en estricto sentido, cesan al momento de la oficialización del cierre. Esto trae graves efectos pecuniarios en las compañías, que meses o incluso años después de su cese de actividades, son notificadas de deudas o multas retroactivas y es que con frecuencia se da el caso de compañías que por cualquier causa se disuelven y aún cuando quedan en estado de liquidación, los administradores no se ocupan de cumplir el proceso liquidatorio contemplado en el Código. Desde este punto de vista, los representantes legales y la sociedad siguen sometidos al régimen de responsabilidad: la información respecto de distintas dependencias, tales como la Dirección de Impuestos Nacionales, las autoridades tributarias municipales o distritales, las entidades de seguridad social, la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Sociedades o Financiera y además a la empresa se le puede seguir gravando con nuevos impuestos, contribuciones, tasa o aportes.
Aunado a lo anterior, se tiene que en Colombia no existe un término definido y perentorio para que el liquidador concluya el proceso liquidatorio, permitiendo que estos se tomen tiempos largos para adelantarlo.
La propuesta
Como dijimos anteriormente la propuesta que se presenta busca subsanar muchas de las deficiencias que se han encontrado en el proceso que lleva a la toma de la decisión de disolución y pretende hacer más expedito el proceso de liquidación que tienen que adelantar las sociedades en Colombia cuando por decisión voluntaria de los socios quieren disolverse[13][13][13]. En el tema de disolución se establecen unos supuestos fácticos concretos y nuevos, no consagrados en el Código de Comercio y que actualmente impiden la disolución de muchas sociedades con la consecuente aplicación de las normas legales, de impuestos, tributarias, etc¿ en detrimento de la sociedad y de sus asociados. En el tema de la liquidación y a diferencia de lo que plantea el Código de Comercio, este procedimiento aplicaría para todos los tipos societarios, mientras se encuentren incursos en las causales que enumera la norma y cumplan todos los requerimientos y requisitos que ella consagra.
La legislación colombiana no contempla explícitamente la figura del ¿bloqueo¿, lo que en la legislación anglosajona se denomina ¿deadlock¿ o ¿punto muerto corporativo¿, lo cual se refiere a la situación en la que los graves conflictos y disputas entre los socios, accionistas o directivos de una corporación llegan a un callejón sin salida y ninguna de las partes quiere comprometerse en la toma de decisiones. Tal situación puede llevar a que la empresa no lleve a cabo su objeto social e incluso que quiebre.
¿Qué puede ocasionar estos impases?: i) que las partes en la controversia tengan cada una 50% de participación; ii) que existan diferencias insuperables entre los accionistas; iii) que debido al gran número de accionistas sea suficiente el derecho al voto en favor de unos pocos así como el derecho al veto de los accionistas minoritarios, entre otros ejemplos.
En estos casos pueden suceder varias cosas: i) aunque los activos de la empresa se mantienen, estos pueden perderse debido a la falta de administración por cuenta del bloqueo; ii) El continuo estancamiento no sólo perjudica directamente a la empresa y el interés de los socios sino que afecta terceros, externos a la empresa que tienen interés por el bienestar o infortunio de la empresa o la existencia o no de la misma; iii) el estancamiento también genera la acumulación de deudas con las consiguientes reacciones en cadena en sus filiales; iv) El estancamiento genera igualmente conflictos de grupo entre los empleados de la compañía que llevan al caos afectando gravemente la estabilidad laboral.
¿Cómo romper este ¿punto muerto¿? En la Ley de Sociedades China se establece que para romper el ¿bloqueo¿ el 10% o más de los accionistas de una compañía podrán pedir la disolución cuando esta se encuentre en serias dificultades para funcionar y o gestionar sus asuntos sin necesidad de llegar a instancias judiciales[14][14][14]. Nuestra legislación debe ponerse a tono con esas nuevas tendencias del derecho de sociedades en las cuales se debe privilegiar la libertad de asociación y la flexibilización de la gestión empresarial.
El ¿bloqueo¿ en nuestro país se contempla sólo en los casos en que la parálisis de los organismos sociales acarrea la imposibilidad de desarrollar el objeto social y sólo en esos casos se podrá tener este como causa de disolución[15][15][15]. En ese sentido dice Harry Henn citado por Reyes Villamizar ¿cuando los accionistas están divididos en grupos paritarios, disfrutan del derecho a veto o están sujetos a requisitos de quórum o mayorías decisorias más exigentes que las normales, las probabilidades de bloqueo de la asamblea aumentan. Generalmente, existen tres métodos alternativos para solucionar el problema: a) Acuerdos de compra y venta; b) Arbitramento, y c) Disolución¿, hacía esta última apunta el proyecto de ley que hoy ponemos a consideración del Congreso de Colombia. Además la propia Superintendencia de Sociedades ha reconocido que los conflictos insuperables entre los accionistas llevan a la disolución de la sociedad[16][16][16].
El texto puesto a consideración del Congreso de la República establece un ámbito de aplicación que excluye a aquellas sociedades que estén sometidas a un proceso o trámite de insolvencia, toma de posesión para administrar o liquidador, o liquidación forzosa administrativa. La excepción anterior tiene como fundamento que las sociedades que se encuentran en cualquiera de los anteriores procesos tienen condiciones precisas sobre su disolución y liquidación: las primeras ya se acogieron a un procedimiento legal que les permitirá celebrar acuerdos de pago con sus acreedores en una audiencia de conciliación extrajudicial con unos beneficios claros; las segundas ya han sido objeto de la toma de posesión para liquidar la empresa ordenada por autoridad competente; y la tercera, se ha vinculado a un procedimiento al que se ve abocada inexorablemente una sociedad por las causales establecidas en la ley y adelantada conforme al procedimiento establecido en el estatuto orgánico del sector financiero (Decreto 663 de 1993).
Es de advertir que la iniciativa reconoce en primer lugar la preponderancia que la tradición normativa le ha dado a la asamblea o junta de socios, la cual se refleja en las múltiples funciones que la ley le atribuye y que se ve en el hecho de que es ese órgano el que debe aprobar las operaciones de mayor trascendencia, por eso todas las decisiones sobre las cuentas sociales de fin de ejercicio, las reformas estatutarias, la fijación de directrices económicas de la sociedad entre otras, son del resorte de esta.
Bajo este parámetro, el texto identifica cuatro generalidades que configuran bloqueos y sobre los cuales se aplicaría la norma en comento, ellos son: La imposibilidad de conformar el quórum deliberatorio para que la Asamblea se reúna, la ausencia de pluralidad, la existencia de paridad y los pactos estatutarios sobre mayorías decisorias especiales.
Así mismo, identifica otros tipos fácticos que afectan la capacidad de la misma por cuanto las personas jurídicas desarrollan su capacidad de obrar, por medio de sus órganos o representantes, quienes ante la falta de una voluntad natural del ente colectivo, actúan en las relaciones jurídicas comprometiéndola dentro de los límites de la ley. Es así como se identifican las sociedades que no cuentan con pluralidad para integrar el quórum y las define como aquellas sociedades en las que requiriéndose un número plural de socios para deliberar, el mismo no se obtiene y en consecuencia no puede conformarse el máximo órgano social para que considere la decisión de disolverse; sociedades en las que no existe quórum por ausencia de participaciones de capital necesarias, las cuales define como aquellas sociedades en las que a pesar de existir un número plural de accionistas, no se obtiene el porcentaje necesario de las participaciones de capital para dar vida al órgano social y, finalmente identifica las sociedades que configuran pluralidad para el quórum pero no mayoría para la toma de decisiones como aquellas que requieren una mayoría calificada para la disolución la cual no puede conseguirse como consecuencia de situaciones de paridad, ausencia de pluralidad o cuando no se consigue el concurso de los minoritarios.
Como se ve cada especialidad que se plantea va dirigida a respetar la primacía que la asamblea de socios tiene en la teoría organicista, originaria del derecho alemán, y con base en la cual se ha dicho que las funciones de cada órgano son poderes propios del mismo, ya que no los recibe por delegación sino en su carácter instrumental, es decir que por virtud de la anterior teoría cada órgano ejerce las funciones que le son propias. Por eso, resulta claro que la expresión volitiva de la sociedad trasciende hacía el ámbito externo por conducto de los órganos que configuran su estructura societaria.
Así el proyecto alude a tres elementos esenciales del contrato de sociedad que se aplican en desarrollo de la actuación de la Asamblea de Socios ellos son: la pluralidad, el quórum y el objeto.
La pluralidad resulta relevante para la toma de decisiones del máximo órgano social, y es relevante por la necesidad en algunos casos previstos en la ley de deliberar con un número plural de asociados.
Otro elemento que se pone de presente y que constituye un factor reiterado para bloquear la decisión de las sociedades en materia de disolución es el tema del quórum. Hay que aclarar que el carácter capitalista de las sociedades determina los derechos de participación, esta diferenciación tienen que ver con la relevancia que la ley le otorga a la relación entre el porcentaje de participación del asociado y su capacidad decisoria. Por lo anterior, es que el Código de Comercio estableció diferencias sustanciales en materia de regulación para cada tipo de sociedad. Sin embargo, nuestra propuesta podría ser adoptada por todos los tipos de sociedad pero que no cuenten con pluralidad para integrar el quórum, que no constituyan quórum por falta de las participaciones necesarias o que configuren pluralidad pero no mayorías para la toma de decisiones.
La regla de las mayorías[17][17][17] según Paul Le Cannu citado por Reyes Villamizar pág, 527 debe ser respetada. Este se basa en el principio de la contraparte es decir: ¿la mayoría no es legítima, a menos que respete la obligación que la ley le impone de permitir la participación de la minoría y de escuchar su punto de vista¿. Esta norma es proteccionista de los accionistas minoritarios porque garantiza el derecho de participación en los beneficios económicos de la sociedad. Sin embargo, consideramos necesario que se flexibilice la ley en este aspecto a la hora de decidir la suerte de empresas que se encuentran en un punto muerto y que no existe posibilidad de arreglo entre los socios.
Así, se establece en el Título II, un proceso para la toma de decisiones en materia de disolución voluntaria, decidida por los socios en la que se atiende la garantía de las minorías, frente a la posibilidad de que resulten vulnerados sus derechos legales o estatutarios porque la asamblea tiene la competencia especial de decidir sobre los actos de gobierno de la sociedad en los que se adopta el querer social.
La propuesta resuelve la problemática referida a la imposibilidad de disolver y liquidar la compañía, independientemente del tipo societario, de regulaciones estatutarias e incluso de estirpe legal que no permitan que se adopte en aplicación de esas disposiciones la decisión de disolver y liquidar, por cuanto se convierten en la fuente de bloqueo para la toma de decisiones en la sociedad.
Se permite que el 10% de las participaciones en que se divide el capital social pueda convocar al máximo órgano, además del representante legal, la Superintendencia que ejerza la supervisión y el revisor fiscal. Esta convocatoria deberá hacerse con cinco (5) días de antelación y en el texto deberá incluirse expresamente que el objeto de la reunión es la disolución y liquidación de la sociedad. Para mayor garantía de las partes se obliga a que en los casos que consagra la ley se agoten todas las formas de convocatoria previstas en las leyes colombianas.
El Código de Comercio en su artículo 429 prevé la existencia de reuniones de segunda convocatoria[18][18][18], cuando a pesar de haberse efectuado con total validez la primera, esta no se pueda llevar a cabo por falta de quórum, es decir, que se haga presente el número de socios requeridos para deliberar y tomar decisiones que contractualmente y legalmente está estipulado, y que debe realizarse dentro de un tiempo no menor a 10 días ni mayor a 30. Sin embargo, para mayor agilidad del proceso, la norma en estudio obliga a que en el texto de primera convocatoria se incluya la fecha, lugar y hora en que se realizará la reunión de segunda convocatoria si la primera resulta fallida.
En los casos de paridad, que es uno de los más frecuentes ¿bloqueos¿ se entenderá, en virtud de la protección y el impulso a la empresa en Colombia, que los socios que votan a favor de la disolución ofrecen en venta sus cuotas o acciones y quienes votan en contra, están interesados en adquirirlas. La negociación de las acciones se deberá hacer en la misma reunión en la que se decide la disolución y en caso de no llegarse a un acuerdo sobre el precio podrá nombrarse un perito de acuerdo a las normas que sobre el particular rigen actualmente.
El Título III nos presenta un nuevo procedimiento para adelantar la liquidación libre de tantos trámites que a la postre lo único que hacen es complicar el procedimiento y confundir a los socios que quieren dar por terminado un problema. Ya habíamos dicho que tanto Cámara de Comercio, como el Departamento Nacional de Planeación habían diagnosticado los problemas que encuentran los empresarios para realizar la liquidación de sus empresas con datos como que en su recorrido para terminarla el empresario debe adelantar doce (12) trámites; visitar seis (6) entidades las cuales debe contactar en por lo menos dieciocho (18) oportunidades; avanzar en dieciocho (18) pasos; cumplir ocho (8) requisitos; entregar cerca de veintiún (21) documentos, con un tiempo estimado de seis meses y medio (si lo logra) y un costo para el año 2007 de cerca de tres millones cero veintiséis mil cuatrocientos pesos, que de acuerdo a las cifras anuales del PIB podría tener un incremento de cerca del 16% a 2011.
Por eso, en esta propuesta se trata de simplificar el proceso en primer lugar porque desde la primera reunión, los miembros de la asamblea deberán contar con un informe completo sobre los activos disponibles, los pasivos adquiridos, la forma en que se atenderán esos pagos respetando la prelación legal y el tiempo en que deberán quedar satisfechas, de tal suerte que cuando se nombre el liquidador, este tendrá una información preliminar que le ayudará a adelantar su trabajo en un tiempo menor.
Una vez se toma la decisión de disolver y liquidar la sociedad, la asamblea levantará un acta donde se aclarará la forma en que se tomó la decisión, quienes participaron de ella. En esta se incorporará el estado del inventario y los acuerdos a que se haya llegado con los acreedores para la atención oportuna de los pasivos. Así mismo, en esta acta se dará a conocer el nombre de la persona designada como liquidador.
Esta acta con todos su anexos, será enviada a la Cámara de Comercio para que registre la disolución e informe que se someterá a liquidación, así se surte el principio de publicidad, ya que será pública y estará a disposición de cualquier interesado, obviándose con ello la necesidad de que se publique en medios de alta circulación ya que la práctica ha demostrado que realmente la mayoría de los edictos de radio o prensa, no son escuchados o vistos por los interesados.
Será la Cámara de Comercio la encargada de oficiar a la DIAN, a las autoridades departamentales, municipales, distritales y al Ministerio de la Protección Social. Si transcurridos dos (2) meses ninguna de las entidades se pronuncia o se opone se entenderá que la Cámara podrá cancelar la personería jurídica e igualmente la Dirección de Impuestos, el RUT así como el NIT de las sociedades a fin de que no suceda como desafortunadamente le sucede a muchos empresarios que siguen acumulando deudas por la falta de formalización del cierre ante las diferentes dependencias estatales, siendo objeto por ello de moras, sanciones y multas que en estricto sentido cesan al momento de la oficialización del cierre.
En caso de que se presenten objeciones van a conciliación y de no conciliarlas el trámite aplicable será el establecido en el Código de Comercio.
Se prevén de todas maneras que los administradores, socios o accionistas deberán responder solidariamente en caso de entregar información falsa o por no haber incluido pasivos en el inventario. No obstante esta previsión, se prevé un fortalecimiento de la función sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades, en atención a la flexibilización introducida al proceso de liquidación como un incentivo para que quienes pretendan un uso inadecuado de los procedimientos puedan ser sancionados por esta Entidad.
Con las anteriores consideraciones pongo a consideración de los señores congresistas que estoy seguro será de buen recibo por parte del sector empresarial colombiano y de las entidades que forman parte del proceso de disolución y liquidación de empresas en nuestro país.
Cordialmente,

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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2011
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 143 de 2011 Senado, por la cual se establecen reglas especiales para disolver sociedades, se crea un trámite breve de liquidación y se establecen otras disposiciones, me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaria General. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Tercera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

[19][14][14] CHINA. The Company Law of the People¿s Republic of China. Section 2.Transfer of Shares. Chapter X.-Dissolution and Liquidation of a Company. Article 183.-Where any company meets any serious difficulty in its operations or management so that the interests of the shareholders will face heavy loss if it continues to exist and it cannot be solved by any other means, the shareholders who hold ten percent or more of the voting rights of all the shareholders of the company may plead the people¿s court to dissolve the company. Promulgada el 27 de octubre de 2005. Pag.web. http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/company/the-company-law-of-the-peoples-republic-of-china.html. Consultada el 28 de junio de 2011.

[1][1][1] REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo II. Editorial TEMIS. 2da Edición, 2006. Bogotá. Pag. 329.

[2][2][2] Colombia. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-18601 de 8 de mayo de 2001 (CD-339), citado por REYES VILLAMIZAR, Francisco en Derecho Societario. Tomo II.

[3][3][3] CÁMARA, Héctor. Disolución y liquidación de sociedades mercantiles, 2da Edición. En REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo II.

[4][4][4] Ob. Cit. REYES VILLAMIZAR. Francisco. Cita a Rodrigo Uría que en su libro Disolución y liquidación, pág. 105 afirma que: ¿Una vez realizado ese reparto del haber social entre los socios, la sociedad, desprovista de patrimonio, de objeto social y de socios, quedará definitiva y formalmente extinguida mediante la cancelación de sus asientos en el Registro Mercantil¿.

[5][5][5] COLOMBIA. CODIGO DE COMERCIO. Artículo 218. La sociedad comercial se disolverá por: 1. Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. 2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 3. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley. 4. Derogado. Ley 222 de 1995, artículo 151, numeral 3. 5. Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato. 6. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social. 7. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y 8. Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este Código.

[6][6][6] El Código de Comercio establece un proceso liquidatorio privado (artículos 218-224); una liquidación judicial consagrada en el Capítulo I del Título XXXI del Libro 3 del Código Civil y que es un procedimiento especial para declarar judicialmente la disolución y ordenar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, siempre que no corresponda a una entidad administrativa; una liquidación obligatoria de sociedades que se trámite a través de la Ley 222 de 1995 y que unificó los procesos concursales de quiebra; la liquidación de sociedades sometidas a régimen especial que están regidas por la Ley 45 de 1993 que modificó parcialmente el Régimen de Liquidación Forzosa administrativa; el Régimen de Sociedades vigiladas o Controladas por la Superintendencia de Sociedades, que está contenida en los artículo 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, liquidación de empresas unipersonales de responsabilidad limitadas ¿Ley 222 de 1995 artículos 79 y 80 y 218 del C. Co., liquidación de Empresas de Servicios Públicos, regulada por la Ley 142 de 1994, entre algunas situaciones que se pueden presentar.

[7][7][7] COLOMBIA. Cámara de Comercio de Bogotá. Causas de la liquidación de empresas en Bogotá. Informe. Dirección de Estudios e Investigaciones. Horizontes Gráficos S.A. Bogotá, 2009. Pag. 36

[8][8][8] COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Empresarial. Estudio Técnico para la Simplificación de Trámites, Familia Liquidación y Cierre de Empresas. Informe Final. Mayo de 2007. Pags.10 y 11.

[9][9][9] COLOMBIA. Superintendencia de Sociedades. Resolución 360-1498 del 31 de julio de 1997. ¿La teoría de la especialidad cuyo significado societario no es otro que la capacidad que tiene toda compañía de desarrollar en forma exclusiva todos aquellos actos contemplados dentro del objeto social y que viene a ser el marco generador de sus actividades dentro del cual se mueven los administradores¿.

[10][10][10] Op. Cit. REYES VILLAMIZAR. Francisco, Tomo I, pag. 122.

[11][11][11] COLOMBIA. Código de Comercio. Decreto 222 de 2000. Artículo 898, inciso 2° ¿Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades substanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales¿. Editorial Unión. Bogotá. Pag 219.

[12][12][12] Op. cit. Reyes Villamizar dice que respecto de la figura de la conversión es bueno ver a Jaime Arrubla en su obra ¿Contratos Mercantiles¿, Medellín, Editorial Dike. 1997, pág. 210 en el sentido de que la tesis que se plantea para las hipótesis de nulidad del acto cuya conversión se intenta también se puede aplicar a las hipótesis de inexistencia por falta de alguno de los elementos esenciales de un contrato.

[13][13][13] COLOMBIA. Superintendencia de Sociedades. Concepto Jurídico.- 220-36549 Asunto: Disolución de Sociedades ¿ Artículo 657 del Código de Procedimiento Civil ¿ Artículo 138 de la Ley 446 de 1998.- En este concepto la Superintendencia explica el procedimiento al que deben someterse la disolución como efecto de un ¿bloqueo¿ que paralice los órganos sociales ¿¿Sobre los procedimientos para llevar a cabo la disolución de una sociedad, casos como el que nos ocupa, esta entidad se ha pronunciado de la siguiente manera: ¿En primer término, dispone el artículo 221 del Código de Comercio que `En las sociedades sometidas a vigilancia, la Superintendencia de Sociedades podrá declarar, de oficio o a solicitud de interesado, la disolución de la sociedad cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en los ordinales 2°, 3°, 5° y 8° del artículo 218, si los asociados no lo hacen oportunamente. (-) En las sociedades no sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución serán decididas por el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, si no se ha pactado la cláusula compromisoria¿. A su vez, el artículo 627 del Código de Procedimiento Civil establece que ¿a petición de cualquiera de los socios, procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o el contrato social, siempre que tal declaración no corresponda a una autoridad administrativa¿. Por su parte, el artículo 138 de la Ley 446 de 1998 dispuso que la Superintendencia de Sociedades podrá dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del Estado o que estándolo, la entidad respecti va no tenga dicha facultad, conforme con el trámite descrito en los artículos 139 y 140 ídem. Nótese, entonces, que no sólo no se oponen las previsiones legales que tratan la materia, sino que, por el contrario, se complementan. En efecto, la controversia acerca de la ocurrencia de una causal de disolución de una sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia de Sociedades, puede dirimirse bien sea en un escenario jurisdiccional con la intervención de un juez, o en uno administrativo en los términos del artículo 138 y siguientes de la Ley 446 de 1998, pues no puede válidamente concluirse que esta última norma haya derogado, modificado o subrogado la previsión correspondiente del Código de Procedimiento Civil. No otra puede ser la conclusión, comoquiera que la competencia atribuida a la Superintendencia de Sociedades en el artículo 138 de la Ley 446 de 1998 para dirimir las referidas controversias, no es privativa ni limitativa respecto de la atribuida a los jueces ordinarios para que en el escenario jurisdiccional se resuelva la controversia. La jurisprudencia nacional así lo ha expuesto en los siguientes términos: ¿Mediante el Capítulo I del Título XXXI del Libro 3° del Código de Procedimiento Civil, el legislador estableció un procedimiento especial para declarar judicialmente la disolución y ordenar en consecuencia la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, siempre que tal declaración no corresponda a una entidad administrativa, como sucede con los bancos, las compañías de seguros, las sociedades administradoras de inversión, las de capitalización y ahorro, o con las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, que corresponden a esta¿¿. Al procedimiento de la disolución judicial y liquidación que el código regula en sus artículos 627 a 644, se acude cuando no sea evidente que se haya producido la disolución de la sociedad, razón por la cual debe formularse demanda para que se declare aquella y consecuencialmente se proceda a la liquidación¿. Finalmente, nótese que el legislador utiliza el término podrá, refiriéndose a la competencia de la Superintendencia de Sociedades para dirimir la controversia sobre la ocurrencia de las causales de disolución, de donde lógicamente se infiere que es facultativo de quien tenga interés en ello, proponer su solicitud ante la referida entidad o ante los Jueces Civiles del Circuito del domicilio social¿ (Oficio 220-035294 del 24 de agosto de 2001).

[15][15][15] COLOMBIA. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-63000 de 1° de diciembre de 2004 (CD-344), citado por Reyes Villamizar Francisco. Derecho Societario. Tomo II. Editorial TEMIS. Bogotá, 2006. Pag. 370.

[16][16][16] Ibíd. Concepto Jurídico.- 220-36549 Asunto: Disolución de Sociedades ¿ Artículo 657 del Código de Procedimiento Civil ¿ Artículo 138 de la Ley 446 de 1998.- Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 69542, por la cual manifiesta que como socio mayoritario (75%) de una sociedad de responsabilidad limitada y en razón entre otras, a diferencias con el otro socio (25%), desea iniciar un proceso liquidatorio de la sociedad y solicita información sobre los trámites a seguir. Sobre el particular y partiendo de la base de que no existen condiciones que hagan factible la continuidad del ente jurídico, por las diferencias que se vienen presentando con el otro socio lo cual conlleva a la desaparición del ¿animus societatis¿, es claro entonces que ello implica la imposibilidad de desarrollar el objeto social de la compañía lo cual la ubica en una de las causales de disolución contempladas en el artículo 218 del Código de Comercio.

[17][17][17] BOHÓRQUEZ B. Luis F., BOHÓRQUEZ B. Jorge I. Diccionario Jurídico Colombiano. Con enfoque en la legislación Nacional. Primera Edición. Editorial Jurídica Nacional. Bogotá, 1978. Pág 452. ¿¿ la mecánica de las mayorías adquiere especial relevancia en el proceso de formación y concreción de las decisiones o acuerdos colectivos dentro de toda clase de comunidades y cuerpos u órganos colegiados. En esa faceta importante la idea de mayoría se identifica con la de predominio de votos o de pareceres coincidentes en un sentido concreto y determinado que es el que queda consagrado como expresión de la voluntad del cuerpo, comunidad o colegio de la que emana.

[18][18][18] COLOMBIA. Superintendencia de Sociedades. 20-56824. Asunto: Reuniones de Segunda Convocatoria- Oficio 220-32420 del 23 de abril de 1999. ¿¿la disposición de que trata el artículo 429 del Código de Comercio, en lo que se refiere a las reuniones de segunda convocatoria, y al quórum conformado por cualquier número plural de asociados aplicable en tales reuniones, así como en las reuniones por derecho propio de las que trata el artículo 422 ibídem, tiene también operancia en las sociedades de responsabilidad limitada, no obstante hallarse aquélla contenida en el título correspondiente a las sociedades anónimas. Tal criterio resulta procedente reiterar una vez más en esta oportunidad, con base, principalmente, en los siguientes fundamentos¿: ¿consagra el artículo 186 de nuestro Estatuto Mercantil que ¿con excepción de los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429 (se subraya)¿. ¿Dicha disposición legal se halla contenida en el Título l, del Libro Segundo, del nombrado estatuto, el cual contiene reglas generales predicables respecto de todos los tipos de sociedad comercial, de manera que igualmente el principio legal contenido en dicha disposición lo es también en relación con cualquier clase de compañía mercantil, aseveración esta que se reafirma aún más, si se tiene en cuenta que el precepto transcrito en el parágrafo precedente, forma parte de la Sección l. Capítulo Vll del Título aludido, que regula los asuntos atinentes a la Asamblea General y Junta de Socios¿, denominación propia de los máximos órganos sociales tanto de las sociedades por acciones como de las sociedades por partes de interés o cuotas, como las limitadas¿.

Lo que usted tiene que saber sobre matrices y subordinadas

2011-11-25T16:18:00.001-08:00

Lo que usted tiene que saber sobre matrices y subordinadas

Pensando en el bienestar de los empresarios y lectores, la Superintendenciade Sociedades responde una serie de interrogantes que pueden surgir en el día adía empresarial.

MATRICES Y SUBORDINADAS

1. ¿En qué casos es necesaria lainscripción en el registro mercantil señalada en el artículo 30 de la ley 222de 1995?

Cuando se configuren situaciones de control o de grupo empresarial deconformidad con lo señalado en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995.Las presunciones de subordinación corresponden al control interno porparticipación, al control interno por el derecho a emitir votos constitutivosde mayoría mínima decisoria o por tener el número de votos necesarios paraelegir la junta directiva y al control externo.

. Control interno por participación: Se verifica cuando se posea más delcincuenta por ciento (50%) del capital en la subordinada, sea directamente opor intermedio o con el concurso de las subordinadas.

. Control interno por el derecho a emitir votos constitutivos de mayoríamínima decisoria: Esta modalidad se presenta cuando se tiene el poder de votoen las juntas de socios o en las asambleas de accionistas, o por tener elnúmero de votos necesario para elegir la mayoría de los miembros de juntadirectiva.

. Control externo: Esta forma de control se verifica mediante el ejerciciode influencia dominante en la decisiones de los órganos de administración, enrazón de un acto o negocio celebrado con la sociedad controlada o con sussocios, sin que se exija que los controlantes participen en el capital socialde la subordinada. Se le reconoce en la doctrina como "subordinacióncontractual". Esta presunción tiene especial consagración en el parágrafo1º del citado artículo, para el caso de las personas controlantes nosocietarias.

Estos presuntos tienen las siguientes características especiales:

a. No tienen carácter taxativo, esdecir, pueden existir otras formas de control de acuerdo al concepto generaldel artículo 260 del Código de Comercio. Lo fundamental es la"realidad" del control, de tal manera que éste puede presentarse aúncuando se encuentre automizado el capital social o el controlante no tenga lacalidad de socio.

b. Son presunciones legales, luego losinteresados pueden desvirtuarlas.

Si adicionalmente a la subordinación existe "unidad de propósito ydirección", se configura el denominado grupo empresarial. El concepto de"unidad de propósito y dirección" se exterioriza en aquellos gruposen que, por ejemplo, además de tener administradores comunes, se verificanprocesos de integración vertical o de integración horizontal, como cuando unasociedad compra cueros, otra los procesa, otra fabrica zapatos, otra fabricagelatina y otra comercializa dichos productos, o cuando se determinan políticascomunes (administrativas, financieras, laborales, etc).

Conviene precisar que toda modificación de la situación de control o degrupo empresarial deberá igualmente inscribirse en el registro mercantil.

¿Quiénes están obligados a inscribirse?

Todos los controlantes están obligadosa cumplir con la presentación del documento de que trata el artículo 30 de laLey 222 de 1995. Si bien esta disposición se refiere a la "sociedad controlante",el parágrafo 1º del artículo 27 de dicha ley señala: "Igualmente habrásubordinación, para todos los efectos legales, cuando el controlconforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido poruna o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, biensea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cualeséstas poseen más del cincuenta por ciento del capital o configure la mayoríamínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en ladirección o toma de la entidad" (Se subraya). Es así que la obligaciónestablecida en el citado artículo 30 es uno de los efectos del control, luegolas personas controlantes que no sean sociedades también se encuentrancobijadas por dicha norma.

2 ¿Qué otros efectos produce el controlsocietario?

Los principales efectos que la Ley 222 de 1995 estableció para lassituaciones de control son los siguientes:

. Consolidación de estados financieros(art. 35); el artículo 95 de la ley 488 de 1998 obliga a reportarlos a la DIANantes del 30 de junio de cada uno.

Posibilidad de comprobar la realidad de lasoperaciones entre vinculadas (art. 31).

. Prohibición de la imbricación (art.32).

. Responsabilidad subsidiaria de los controlantes(parágrafo art. 148).

En los casos de grupo empresarial, adicionalmente debe presentarse elinforme especial de que trata el artículo 29.

1. ¿La inscripción tiene carácterconstitutivo o sólo declarativo?

El propósito fundamental de lainscripción en el registro mercantil señalada en el artículo 30 de la Ley 222de 1995 es la publicidad. Se trata de un acto que tiene un carácteresencialmente declarativo. Las situaciones de control o de grupo empresarialexisten jurídicamente desde que se configuran los presupuestos.

2. ¿Están obligadas las sociedadesextranjeras a cumplir con la obligación de la inscripción?

En el artículo 30 de la Ley 222 de 1995se establece la obligación a cargo de la matriz de efectuar la inscripción enel registro mercantil de la situación de control o grupo empresarial, sindistinguir entre sujetos controlantes nacionales y extranjeros; y ello enatención a que toda persona, nacional o extranjera, que en Colombia realiceactos o negocios jurídicos en forma permanente o no, está sometida al imperiode la ley local en cuanto a los efectos de los mismos. Es indiscutible quequien controla una sociedad colombiana que desarrolla su objeto en el país,lleva a cabo una actividad sujeta a las leyes locales aplicables a lacelebración y ejecución de contratos de sociedad; y aunque en el caso de lassociedades anónimas, la administración de las mismas no corresponde a susaccionistas, en el funcionamiento de ellas repercute directamente supertenencia a un grupo empresarial o su situación de subordinación, por lo cuallas normas que al respecto se establecen en la ley, forman parte del conjuntonormativo que debe ser cumplido por todas las personas que son parte delcontrato social, máxime si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 dela Ley 153 de 1887, "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyesvigentes al tiempo de su celebración…".

Si el inversionista extranjero se acogea la ley colombiana para gozar de los derechos que se derivan de susactividades mercantiles en Colombia, es apenas lógico que las mismas normas locobijen para el cumplimiento de sus obligaciones, tales como efectuar el pagodel capital suscrito, registrar la inversión extranjera, cumplir con loscompromisos tributarios e inscribir el documento privado que declara lasituación de control o grupo empresarial.

No obstante, resulta fundamentalindicar que, según se ha señalado en la Circular 5 del 6 de abril del 2000, cuandola matriz, o controlante no esté domiciliada en el país, sólo procede laconsolidación de los estados financieros de las subordinadas en Colombia, detal manera que no se exige a la matriz extranjera que integre a dichaconsolidación sus propios estados financieros o que revele inversiones en otraspartes del mundo.

3. ¿Cuál es el plazo para cumplir conla inscripción?

El documento señalado en el artículo 30de la ley 222 de 1995 debe presentarse para su inscripción en el registromercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados,dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación decontrol o de grupo empresarial.

4. ¿Qué consecuencias tiene elincumplimiento de esta obligación?

Si no se efectúa la inscripción dentrodel plazo indicado, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la deValores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declararála situación de vinculación y ordenará la inscripción en el registro mercantil,sin perjuicio de la imposición de multas a que haya lugar.

5. ¿Qué pasa si hay una sociedadcolombiana matriz de una del exterior?

Debe presentarse el documento privadoreconociendo la situación de control o de grupo empresarial para la correspondienteinscripción en la cámara de comercio correspondiente a la sociedad matriz yrealizarse la respectiva consolidación de estados financieros (Circular 30 de1997).

6. ¿Qué es el control conjunto?

El artículo 26 de la Ley 222 de 1995(260 del Código de Comercio) y el parágrafo 1º. del artículo 27 de la mismanorma consagra expresamente que matrices o controlantes pueden ser una o máspersonas naturales o jurídicas. Es precisamente una de las grandes innovacionesincorporadas por dicha ley, pues en la legislación anterior sólo se contemplala opción de "una sociedad" como matriz.

Se presenta el control conjunto cuandouna pluralidad de personas controlan una o más sociedades, manifestando unavoluntad de actuar en común distinta de la affectio societatis, mediantecircunstancias tales como la participación conjunta en el capital de variasempresas, la coincidencia en los cargos de representación legal de las mismas,la actuación en "bloque" en los órganos sociales, etc., todas ellasapreciadas en conjunto y en el caso concreto.

El análisis sobre la aplicación delrégimen de grupos no puede hacerse solamente desde la perspectiva de cadasociedad considerada aisladamente, sino que es necesario apreciar el conjuntopara comprobar si además del animus societatis que supone la existencia de cadasociedad, existe una intención de los socios o accionistas de proyectar laoperación de negocios a través de una pluralidad de sociedades; en caso deverificarse esta situación, es evidente que actúan por medio de un grupo desociedades, cuyos elementos comunes las ubican en un nivel de control quetransciende a la simple vinculación.

La consagración del control conjunto hapermito el reconocimiento de la condición del control que desde hace muchotiempo se presenta especialmente en las llamadas sociedades cerradas, con cuyoconcurso se han estructurado varios de los más importantes conglomerados delpaís.

Con las declaratorias de la condiciónde grupo bajo esta modalidad de control, se ha reconocido la realidad delcontrol que determinadas familias ejercen sobre varias sociedades, en las que apesar de que públicamente operan como "grupo", en la composición decapital ningún socio posee más del cincuenta por ciento, por lo cual en algunoscasos pretenden desconocer la estructura de grupo.

En los casos de control conjunto, eldocumento de que trata el artículo 30 de la referida ley, deberán suscribirlotodos los controlantes.

7. ¿Qué responsabilidad tiene la matrizfrente a las obligaciones de las subordinadas?

No se encuentra consagrada por lasimple relación de subordinación la responsabilidad solidaria de la matriz o controlantefrente a las obligaciones de la controlada. No obstante, el parágrafo delartículo 148 de la Ley 222 de 1995 establece la responsabilidad subsidiaria delas matrices o controlantes en los casos de concordato o liquidaciónobligatoria de las subordinadas. Se invierte la carga de la prueba a través deuna presunción de manera que la matriz puede demostrar que la situación concursalno se produjo por actuaciones derivadas del control.( Oficio 125-6581 del 5de marzo de 2001)

REGIMEN DE MATRICES Y SUBORDINADAS

Las normas de la Ley 222 de 1995 definen los conceptos de situación decontrol y de grupo empresarial, así como las consecuencias y efectos que sederivan de estas situaciones, tales como la obligación de inscribir el controlo el grupo empresarial en el registro mercantil, la consolidación de estadosfinancieros, la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria dela matriz o controlante en casos de concordato o liquidación de lassubordinadas, la prohibición de imbricación y la facultad de los organismos deinspección, vigilancia y control para comprobar la realidad de las operaciones,imponer multas y ordenar la suspensión de tales operaciones.

Estas disposiciones definen la posibilidad del control de hecho sobrelas sociedades, sin que se excluya la posibilidad de establecer otrosmecanismos de control formal o contractual. El mismo puede ser ejercido enColombia o desde Colombia por personas naturales o jurídicas nacionales oextranjeras. En cuanto al contenido particular de cada norma de la ley podemossintetizarlo en los siguientes términos:

1. La subordinación: En el artículo 260 C.Co. modificadopor el artículo 26 de la Ley, se considera que el poder de decisión de unasociedad sometido a la voluntad de otra u otras personas es el criteriodeterminante de la situación de control o subordinación.

Allí también se introduce en nuestro sistema societario, el concepto delcontrol individual y el concepto del control conjunto o compartido.

La norma adicionalmente señala la posibilidad de ejercer el control enforma directa o en forma indirecta, ésto es a través de la filial, para llegara la subsidiaria.

2. Modalidades de control: El artículo261 C.Co. modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995 aclara yespecifica los supuestos de subordinación, para el control societario bajo lassiguientes modalidades:

2.1- Control interno por participación: Se verifica cuando se posea más del cincuenta por ciento (50%) delcapital en la subordinada, sea directamente o por intermedio o con el concursode las subordinadas, o las subordinadas de éstas.

2.2.- Control interno por el derecho aemitir votos constitutivos de mayoría mínima decisoria: Esta modalidad sepresenta cuando se tiene el poder de voto en las juntas de socios o en lasasambleas de accionistas, o por tener el número de votos necesario para elegirla mayoría de los miembros de junta directiva, si la hubiere.

2.3.- Control externo: Esta forma decontrol también se ha denominado "subordinación contractual" y severifica mediante el ejercicio de influencia dominante en las decisionesde los órganos de administración, en razón de un acto o negocio celebrado conla sociedad controlada o con sus socios.

El legislador también estableció la posibilidad de operación de negociosde sociedades subordinadas mediante el llamado control no societario, el cuales ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza nosocietaria, sea directa o indirectamente, conforme a los supuestos previstos decontrol, en los términos del parágrafo del artículo 261 del Código de Comerciomodificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, siempre que se verifiqueque el controlante, el cualquier caso:

- Posea mas del cincuenta por ciento (50%) del capital.

- Configure la mayoría mínima decisoria para la toma de decisiones.

- Ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones dela entidad.

También se admite la subordinación societaria indirecta, cuando elcontrol sea ejercido por intermedio o con el concurso de las entidades denaturaleza no societaria.

3.- El Grupo Empresarial: En elartículo 28 de la Ley 222 de 1995 se introduce en la legislación mercantilcolombiana el concepto de Grupo Empresarial. Sus presupuestos de existencia,son que además de existir la situación de control o subordinación, se verifiquela Unidad de Propósito y Dirección entre las entidades vinculadas. Se indicaque existe tal unidad de propósito y dirección cuando la existencia yactividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivodeterminado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejercesobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social oactividad de cada una de ellas.

En materia de autoridades competentes en la Ley 222 de 1995 se faculta alas Superintendencias de Sociedades, de Valores y Bancaria según el caso, paradeterminar la existencia del grupo empresarial cuando existan discrepanciassobre los supuestos que lo originan.

La DIAN, mediante concepto 037030 del 8 de junio de 1999, precisó quelos grupos económicos se diferencian de los grupos empresarialesen que estos últimos, además de la situación de subordinación, presentan unidadde propósito y dirección.

4.- El Informe Especial de losAdministradores de las Sociedades del Grupo: En el artículo 29 de la Ley222 de 1995, se establece la obligación para los administradores de lasentidades matrices así como para los administradores de las subordinadas, depresentar en el caso de grupo empresarial, el informe especial, señalando sucontenido y alcance. Este informe debe relacionar las operaciones de mayorimportancia concluidas durante el ejercicio entre las sociedades del grupo,señalándose allí los aspectos mínimos que debe contener. Las Superintendenciasde Valores, Bancaria y Sociedades, están facultadas para constatar la veracidaddel contenido del informe especial en cualquier tiempo e incluso a solicitud deinteresado, pudiendo adoptar las medidas pertinentes.

5.- La Obligación de Inscripción de la Situación de Control o GrupoEmpresarial en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio:

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995, señala la obligatoriedad deinscripción en el registro mercantil de las situaciones de control o de losgrupos empresariales. Esta se debe verificar mediante un documento privado dela entidad controlante, que debe contener la información relativa al nombre,domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuestoque da lugar a la situación de control. El documento debe presentarse para suinscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción decada uno de los vinculados, dentro de los treinta (30) días siguientes a laconfiguración de la situación de control o del grupo empresarial. La circularexterna 30 del 26 de noviembre de 1997 de la Superintendencia de Sociedadesdesarrolla estos aspectos en particular. Lo mismo se predica de las sociedadesmatrices nacionales con subordinadas en el exterior y de las sociedades oentidades extranjeras que en Colombia ejercen como matrices o controlantes desociedades que operan y desarrollan su objeto social en el país.

La norma faculta a las Superintendencias de Sociedades o en su caso deValores y Bancaria para que de oficio o a solicitud de cualquier interesado,declare la situación de vinculación y ordene la inscripción en el registromercantil, sin perjuicio de la imposición de multas a que haya lugar por dichaomisión.

Para dar la respectiva publicidad a la situación de control o grupoempresarial, se establece en el parágrafo primero, la obligación de las cámarasde comercio de hacer constar en el certificado de existencia y representaciónlegal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad así como lavinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los mismos criteriosseñalados por la ley.

Con el propósito de mantener actualizada la información relacionada conla situación de control o del grupo, en el parágrafo segundo se dispone laobligación de inscribir en el registro mercantil toda modificación a talsituación, facultando a la entidad estatal de inspección vigilancia y controlpara ordenar la inscripción cuando ella se omita. En cuanto al término de 30días para la inscripción del control o grupo para las situaciones existentesantes de la vigencia de la Ley 222 de 1995, el artículo 238 de la misma, señalóque se cumpliría dentro de los 30 días siguientes a la vigencia, esto es al 20de junio de 1996.

6.- La comprobación de la realidad de operaciones entre vinculadas:

El artículo 31 modifica el articulo 265 del Código de Comercio yestablece la facultad de los organismos de inspección, vigilancia y controlpara comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre unasociedad y sus vinculados, pudiendo imponer multas y ordenar la suspensión detales operaciones, sin perjuicio de las acciones de los socios y terceros paraobtener la indemnización correspondiente.

7.- La Imbricación: El artículo 32 de la ley quemodifica el artículo 262 del Código de Comercio, especifica la sanción deineficacia para los negocios que se celebren contrariando la prohibición de lassociedades subordinadas de tener participación patrimonial en las sociedadesque las dirijan o controlen.

8.- La Consolidación de Estados Financieros: El artículo 35 de la Ley 222 de 1995 establece la obligación depreparar, presentar y difundir estados financieros de propósito generalconsolidados, los cuales están definidos en el artículo 23 del Decreto 2649 de1993, como "(…) aquellos que presentan la situación financiera, losresultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situaciónfinanciera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y sussubordinados, o un ente dominante y sus dominados, como si fuesen los de unasola empresa." Esta herramienta contable es de gran valor, y así esreconocida junto con los estados financieros de propósito individual de lamatriz.

Al respecto resulta adecuado apreciar como este tema ha sido tratado enotras latitudes, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, dondeel profesor Leopold A. Bernstein, de la Universidad de Nueva York expresarefiriéndose a este tema que " … En los estados financieros de la compañíamatriz, la propiedad de acciones en una filial se pone de manifiesto por unacuenta de inversión. Desde el punto de vista legal la compañía matriz poseeacciones de su filial; no posee activos de la filial ni es responsablenormalmente de las deudas de la misma, aunque con frecuencia las garantiza. Losestados financieros consolidados hacen caso omiso del aspecto legal de estasituación a favor de su sustancia mercantil, y reflejan la realidad económicade una entidad mercantil bajo control centralizado." (Cfr. BernsteinLeopold A. Análisis de Estados Financieros. Primera Traducción en Español, Ed.IRWIN Madrid España 1995. Pag. 256 ss.)

El Artículo 122 del citado Decreto 2649 de 1993 establece algunascondiciones y requisitos para la preparación de tales estados financierosconsolidados, así como las características y criterios sobre las revelaciones.

Adicionalmente el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 consagra que lasinversiones en sociedades subordinadas deben contabilizarse en los libros de lamatriz o controlante por el método de participación patrimonial. A esterespecto existe la Circular Conjunta No. 009 y 013 del 19 de Diciembre de 1996de las Superintendencias de Sociedades y de Valores, que desarrolla loscriterios específicos sobre esta materia para las sociedades sometidas a suinspección vigilancia o control.

Igualmente con relación al crédito mercantil adquirido se expidieron lascirculares conjuntas Números 004 y 007 de las Superintendencias de Sociedades yValores del 30 de mayo de 1997. Específicamente sobre el tema de laconsolidación de estados financieros, la Superintendencia de Sociedades expidióla Circular 5 del 6 de abril del 2000.

Por otra parte el artículo 95 dela Ley 488 de 1998, que corresponde a la reforma tributaria, establece:"Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte delos grupos empresariales. Para efecto de control tributario, a más tardar eltreinta (30) de junio de cada año, los grupos económicos y/o empresariales,registrados en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio, deberánremitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalessus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en laforma prevista en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normaspertinentes.

Andrés Jesús Gómez Cadena se posesionó como intendente de Barranquilla

2011-11-15T14:56:00.000-08:00

Ante el Superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez Cabrera, tomó posesión hoy como intendente de la ciudad de Barranquilla, Andrés Jesús Gómez Cadena.
Abogado de la Universidad del Norte, con experiencia en derecho comercial y societario, Gómez Cadena es especialista en Dirección Sistémica de la Universidad San Martín, cuenta además con un diplomado en mercadeo de la Universidad Eafit del Norte y en Finanzas Básicas en Price Water House.
El intendente de Barranquilla fue gerente administrativo de Étnico SAS; Asesor legal de Sociedades en Liquidación Obligatoria; Secretario Académico de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad San Martín en Barranquilla; y gerente de Zona de JET Cargo.

Socio o accionista puede votar su elección para ocupar el cargo de representante legal o miembro de junta directiva

2011-11-10T08:02:00.001-08:00

El socio o accionista puede votar su elección e inclusive su propia reelección en el cargo de representante legal de la sociedad o miembro de junta directiva de la misma.
Así lo recalcó la Superintendencia de Sociedades en el oficio 220-111899 de 2011 en el que da respuesta a una inquietud donde una sociedad anónima se propone llevar a cabo una reforma estatuaria a través de la cual la Asamblea General elija al gerente de la misma y uno de los accionistas hace parte de la terna de elegibles, por lo que pregunta.
En el oficio, la Superintendencia de Sociedades explica que respecto de la posibilidad de que el socio que a su vez detenta la calidad de representante legal pueda votar su propia designación.
“No existe dentro de la legislación mercantil, norma alguna que le prohíba a un accionista votar su postulación para representante legal o integrante de una lista para conformar una junta directiva”, aclara el concepto.
Del concepto trascrito se colige que por ser el derecho al voto de carácter inderogable y esencial, el mismo no puede ser alterado ni desconocido estatutariamente ni por el consentimiento de los asociados en una reunión de máximo órgano social, salvo en los casos expresamente consagrados en el artículo 185 del Código de Comercio, en el que se establece que los socios o accionistas que a su vez ostentan la calidad de administradores o empleados de la sociedad no pueden votar los balances o cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación.
Y señala que no existe prohibición alguna para que el socio que al mismo tiempo es representante legal de la compañía, participe en la votación del órgano competente en la que se decide sobre su reelección, ni mucho menos para que pueda votar en el nombramiento de un nuevo administrador.
Situación distinta ocurre en el evento en el que lo que se discute es la remoción del gerente que al mismo tiempo detenta la condición de socio, en donde pudiendo coexistir dos intereses contrapuestos, el de la sociedad de remover al administrador y el de éste de continuar en el ejercicio de dicho cargo, podría configurarse un conflicto de intereses, lo cual traería como resultado que el socio tuviera que abstenerse de participar en la votación en la que se decide sobre su remoción como representante legal.

Fallo frena millonario pago a damnificados de DMG

2011-11-03T08:36:00.000-07:00

Por considerarlo de vital importancia para las finanzas del país, la Superintendencia de Sociedades publica en su Blog el artículo titulado “Fallo frena millonario pago a damnificados de DMG” publicado en el Diario El Tiempo
El Tiempo
El Estado acaba de ganar un pulso clave frente a las millonarias aspiraciones de las víctimas de la liquidada DMG. El Tribunal Superior de Boyacá negó el pago de casi un billón de pesos por los supuestos perjuicios que sufrieron los inversionistas de la captadora ilegal.
Consideró que el recurso de apelación a la decisión de primera instancia, de diciembre del año pasado, no fue sustentado adecuadamente. "Hasta tanto no culmine el proceso de intervención y liquidación, no será posible determinar el presunto daño", dice el fallo. Según la demanda, "la Nación es responsable de perjuicios morales y materiales" por no detectar a tiempo las actividades ilegales que se cometían en DMG, "lo que condujo a la pérdida de los dineros".
Los demandantes aspiraban al reconocimiento de al menos 800.000 millones de pesos por lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales. Sin embargo, el Tribunal le dio la razón a la Superintendencia de Sociedades, que señaló que los demandantes "no probaron" el daño que supuestamente sufrieron y solo presentaron copias de las tarjetas de DMG en las que no aparecen ni nombres ni montos entregados". Hay otras demandas que pretenden indemnizaciones por cerca de $ 45 billones.

No existe norma que prohíba que el representante legal resida en lugar diferente a donde la sociedad tenga establecido su domicilio social

2011-10-31T10:09:00.000-07:00

Le corresponde al máximo órgano social evaluar la conveniencia o no de que las personas encargadas de la dirección de la compañía adelanten su labor en las condiciones anotadas, y en particular si asegura el cumplimiento de todas y cada una de las funciones.
La Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-101497 de 2011 explicó que dentro de la legislación mercantil, no existe norma legal alguna que prohíba que el representante legal, sea principal o suplente, resida en lugar diferente a donde la sociedad tenga establecido su domicilio social.
El documento de la Superintendencia de Sociedades explica que le corresponde al máximo órgano social evaluar la conveniencia o no de que las personas encargadas de la dirección de la compañía adelanten su labor en las condiciones anotadas, y en particular si asegura el cumplimiento de todas y cada una de las funciones.
Recalcó que conforme la Ley 222 de 1995, los administradores de una sociedad además de tener deberes y prohibiciones, igualmente tienen responsabilidades, como lo consagra el artículo 24 de la citada ley, en donde responderán de manera solidaria e ilimitada por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la compañía, a los socios o a terceros.

¿Qué tan bueno es el sistema de insolvencia empresarial colombiano?

2011-10-31T07:06:00.000-07:00

Luis Guillermo Vélez Cabrera
Superintendente de Sociedades
Columna publicada en LA REPUBLICA 31/10/2011

Si bien el país demuestra importantísimos avances en el indicador de Doing Business del Banco Mundial para 2012, nuevamente logrando colocarse dentro de las naciones más reformadoras del planeta, persisten lunares negros en la medición que ameritan una detenida reflexión.
De los 10 indicadores, dos tienen relación directa con trámites judiciales. El primero es el cumplimiento de contratos, en el cual se modela una disputa comercial donde un vendedor reclama un pago insoluto a un comprador, quien se opone al reclamo alegando que la mercancía es deficiente. Se miden en la hipótesis tres variables. Procedimientos, es decir, los pasos necesarios para lograr el pago; el tiempo de duración hasta que este se obtiene; y el costo asociado con la reclamación.
Para cualquiera familiarizado con el mundo de los negocios, el resultado de la medición no debe ser sorpresa. Colombia repitió este año el vergonzoso lugar número 149 en el mundo, sobre 183 países medidos en este indicador clave. En otras palabras, resolver judicialmente una disputa comercial, inclusive a través de un proceso ejecutivo, requiere de 34 procesos, tarda 1.346 días y cuesta en promedio el 47,2% del reclamo. Solamente los estados fallidos africanos y árabes obtienen peores resultados.
El otro indicador con dimensiones judiciales es el de resolución de la insolvencia. Este año, Colombia presentó en este renglón importantísimos avances, saltando del lugar 29 en el mundo, ya de por sí el mejor de la región después de México, al lugar número 12, obteniendo con esta medición estándares de clase mundial comparables plenamente con los mejores países miembros de la OECD.
Para un observador juicioso, los resultados no pueden ser más paradójicos. Por un lado, el proceso ejecutivo singular, clasificado en el puesto 149; y por el otro, lo que se podría llamar el proceso ejecutivo colectivo, clasificado en el lugar 12. ¿Por qué el cobro de una factura, un título ejecutivo que contiene una obligación clara, expresa y exigible, tarda 4 años y cuesta casi la mitad del valor reclamado, mientras que el cobro de la misma factura, junto con muchas más, en un proceso liquidatorio tarda en promedio 1,3 años y se logra una recuperación del 83%?
¿No debería el cobro colectivo ser más complejo? Al fin y al cabo se trata de numerosos acreedores, de diferente naturaleza y prelación, que reclaman el pago de un deudor en situación calamitosa.
En Colombia, por lo menos, las cosas no son así. ¿Por qué? Esencialmente por dos razones. La primera, porque desde 1969 la autoridad de insolvencia en Colombia es la Superintendencia de Sociedades, entidad especializada de carácter técnico que por virtud del artículo 116 de la Constitución de 1991 y de la Ley 1116 de 2006 tiene bajo se responsabilidad el trámite judicial de la insolvencia empresarial. La entidad, además de tener una probada independencia, cuenta por virtud de la contribución especial de las empresas vigiladas con una fuente de fondeo fiscal que le garantiza recursos adecuados para cumplir con su mandato. Además, tiene un personal idóneo y suficiente, altamente especializado en temas legales, contables y de administración de empresas, todos esenciales para desarrollar gestiones de resolución de la insolvencia.
Segundo, porque la misma Superintendencia se ha encargado de promover reformas legales al procedimiento concursal que han colocado al país en la vanguardia mundial en esta materia. De hecho, el régimen de insolvencia colombiano se reformó íntegramente en 1971, 1989, 1995, 1999, 2006 y recientemente en 2010, con la Ley 1429 (cuyos cambios explican en buena medida el salto de 17 puestos en la medición del último año). Lo anterior, sin contar con los más de 10 decretos reglamentarios sobre insolvencia, incluyendo el más reciente decreto 1749 de 2011 sobre insolvencia de grupos empresariales, que es la primera normatividad en el mundo que incorpora las recomendaciones de CNUDMI.
Contrasta lo anterior con el tratamiento del proceso ejecutivo en nuestra legislación procesal civil, que desde 1971 solo ha tenido dos reformas que se podrían describir como sustantivas, la del Decreto 2282 de 1989 y la de Ley 794 de 2003. El resto -y hay que reconocerlo con candor- han sido solo retoques cosméticos que poco o nada han servido para resolver la profunda crisis de la justicia, la cual por demás se centra específicamente en el proceso ejecutivo, el cual conforma más del 86% de los cerca de 1,3 millones de expedientes civiles que taponan la justicia colombiana.
Obviamente, no todo es un problema de leyes. Las mejores y las más técnicas han demostrado una y otra vez su inutilidad si los operadores judiciales no hacen adecuadamente su trabajo. Sin desmeritar en absoluto la admirable labor que efectúan la inmensa mayoría de los jueces ordinarios, lo cierto es que la falta de recursos físicos y humanos sumada a la explosión procesal de los últimos años han llevado el sistema, por lo menos el de cobro judicial, ya no al borde, sino al piso del abismo.
Salir de él, sin embargo, no será fácil. Las reformas al proceso ejecutivo propuestas en el proyecto de Código General del Proceso, si bien representan importantes avances, no marcan un rompimiento con el paradigma procesalista vigente desde 1971. Cualesquiera que hubieran sido las razones de política pública que llevaron a sus autores a no hacerlo, respetables por supuesto, dejan de todos modos la sensación de oportunidad perdida. Al fin y cabo, los grandes problemas requieren siempre de grandes soluciones.
Por demás, hay que encontrar nuevas estrategias para afrontar la congestión judicial que no impliquen necesariamente sofocar los problemas con plata. Si en efecto, la congestión se debe a una acumulación de procesos ejecutivos, muchos de ellos hipotecarios heredados de la crisis financiera del fin del milenio, quizás la implementación de un eficiente proceso de insolvencia de persona natural que incluya la posibilidad de la liquidación patrimonial del deudor (la descarga, o discharge, institución común en el derecho comparado) puede ser una muy efectiva solución. De hecho, la experiencia reciente en EE.UU., Europa y Japón lo prueba sin dejar dudas.En fin, ojalá que este último resultado del Doing Business sirva para algo más que para sacar pecho institucional. Los contrastes que allí se plantean deben servir para encontrar soluciones a nuestra crisis judicial, que sean innovadoras y creativas, para lo cual entre otras no es necesario importar los últimos modelos franceses o italianos sino que basta con hacer una visita a la Avenida El Dorado No.51-80 de la ciudad de Bogotá.

¿Qué significa la inhabilidad para ejercer el comercio?

2011-10-28T09:37:00.000-07:00

Por: Luis Guillermo Vélez Cabrera
Superintendente de Sociedades
Quebrarse no es un delito ni debe serlo, como lo presumía nuestra legislación hace algunos años. La insolvencia en el mundo moderno es una parte integral de los negocios. De hecho el indicador de Doing Business del Banco Mundial tiene como uno de sus componentes la facilidad que hay en un país para liquidar empresas. (Colombia ocupa el lugar 29 en el mundo, el mejor de Latinoamérica).
Sin embargo, no existen derechos sin obligaciones, lo cual quiere decir que a mayor flexibilidad para reorganizar y liquidar sociedades, muchos mayores las responsabilidades de los administradores y socios de las mismas.
La ley colombiana, en el artículo 83 de la 1116 de 2006, establece un severo régimen de responsabilidad cuando se verifican conductas o eventos fraudulentos que tengan como objetivo deteriorar la prenda general de los acreedores. Estos van, a título de ejemplo, desde la destrucción, ocultamiento o distracción de los bienes del patrimonio social, la realización de actos simulados hasta la utilización de la empresa para defraudar.
La sanción, cuando estos actos fraudulentos ocurren, es la inhabilidad para ejercer el comercio, la cual recae sobre los responsables por un período de hasta por diez años.
No será pues, una sanción criminal. Al fin y cabo el fraude corresponde a un concepto propio del derecho comercial y no a un tipo penal. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea una sanción especialmente ejemplar.
¿En qué consiste exactamente? Los comerciantes son aquellas personas que profesionalmente realizan actos de comercio, como por ejemplo, aquellos enunciados el artículo 20 del Código de Comercio. Estos son, entre otros muchos, la administración de establecimientos de comercio, las actividades empresariales industriales, comerciales y de servicios, las operaciones financieras y bancarias y la explotación de los recursos de la naturaleza.
Quien este inhabilitado para ejercer el comercio, condición que por demás se hace pública a través de la inscripción en el registro mercantil, no podrá por lo tanto gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, operar una cantera, contratar obras públicas con el Estado, realizar cotidianamente y de manera profesional compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones. Lo anterior, nuevamente, solo a título de ejemplo.
Como se puede ver estas sanciones, impuestas por el juez concursal en un incidente procesal dentro del correspondiente proceso de insolvencia, no son ligeras. Cabe entonces la pregunta: ¿en qué sí podría ocuparse el inhabilitado?
Podrá adquirir bienes para el consumo domestico, enajenar obras artísticas de su autoría, ser funcionario público, explotar una finca o ejercer una profesión liberal, además de aquellos actos de comercio cuya naturaleza se pueda deslindar de la actividad de profesional del comercio. Tener una cuenta de ahorros, se viene a la cabeza.
El gobierno nacional ha hecho importantes esfuerzos para implementar un régimen de insolvencia al alcance de todos los empresarios, partiendo de la base que se trata de un mecanismo idóneo para la protección del crédito, la conservación del empleo y la generación de valor. Para esto se introdujeron trascendentales reformas en la ley 1429 de 2010, llamada de formalización y primer empleo.
Sin embargo, parafraseando al presidente Barco, tendremos en esta materia la mano tendida pero el pulso firme. La mejor forma de garantizar el orden público económico es ofreciendo una reglas de juego claras y estables, que ayuden a quienes fracasan de buena fe y castiguen severamente a quienes usan el fracaso para obtener beneficios que nunca se merecieron.

Superintendencia de Sociedades lanza Revista Electrónica

2011-10-28T09:20:00.000-07:00

Pensando en el bienestar de los empresarios y en de lectores en general, esta administración presenta el primer número de la Revista electrónica de la Superintendencia de Sociedades.En este número de la Revista de la Superintendencia de Sociedades se incluyen diversos artículos de vital importancia para el empresariado del país.
Descargue Aquí la Revista de la Superintendencia de Sociedades